Mexicali, 25 de marzo de 2026.- Un juez de control, Gerardo Anguiano Ceja, vinculó a proceso al exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, por su presunta responsabilidad en el contrato firmado con la empresa Next Energy, mediante el cual se destinaron 4,500 millones de pesos para la construcción de una planta fotovoltaica que jamás fue edificada. La decisión judicial se tomó tras una audiencia que inició el 23 de marzo y concluyó este 24 de marzo en la ciudad de Mexicali, donde la Fiscalía General del Estado presentó elementos para investigar posibles delitos de abuso de autoridad y uso ilícito de facultades.
De acuerdo con los datos expuestos en la audiencia, el contrato plurianual tenía una vigencia de 30 años y contemplaba pagos mensuales de aproximadamente 123 millones de pesos. La investigación señala que se realizó un pago inicial por dicho monto entre el 20 de enero y el 11 de febrero de 2022, periodo en el que Bonilla ya había concluido su administración en octubre de 2021, según argumentos presentados por su defensa. El proyecto tenía como objetivo dotar de energía al acueducto Río Colorado-Tijuana, pero la infraestructura nunca se materializó.
Durante el procedimiento, los abogados defensores Humberto Velazco e Hiram Sánchez cuestionaron la aplicación del delito de uso ilícito de facultades, sosteniendo que el acuerdo correspondía a una adquisición de servicio y no a un crédito fiscal. Además, la defensa enfatizó que los desembolsos efectuados ocurrieron después de que Bonilla dejó el cargo, lo que podría contradecir la acusación de abuso de autoridad durante su mandato como gobernador.
El plazo para la investigación fijado por la autoridad judicial es de seis meses, tiempo durante el cual se determinará la situación legal definitiva del exmandatario. Este caso marca un precedente al ser Jaime Bonilla el primer exgobernador surgido de Morena en enfrentar una acusación abierta de corrupción, en medio de un conflicto político con la actual gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila.
La vinculación a proceso implica que Bonilla deberá responder ante la justicia por la gestión de dichos recursos públicos. Mientras se desarrolla la etapa de investigación, no se ha especificado si el exgobernador permanecerá en libertad o bajo medidas cautelares, ni si representantes de la empresa Next Energy también enfrentarán acciones legales derivadas de este contrato fallido.
