Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció el envío al Senado de la República de una iniciativa para expedir la Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el delito de feminicidio, con el objetivo de homologar criterios en todo el país y acabar con la impunidad en estos casos. Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria detalló que la legislación buscará que todas las fiscalías del país operen bajo una misma norma que permita desarrollar políticas preventivas y garantizar la justicia para las víctimas.
Ernestina Godoy, fiscal general de la República, precisó que el proyecto fue construido en conjunto con la Secretaría de las Mujeres y contempla sanciones severas para este delito. La propuesta establece penas de prisión de 40 a 70 años, incluye la sanción para la tentativa de feminicidio y contempla 21 agravantes para configurar el crimen. La iniciativa busca que las muertes violentas de mujeres sean investigadas desde la hipótesis inicial de feminicidio y con perspectiva de género, evitando que se clasifiquen erróneamente como suicidios u otros delitos.
El anuncio se produce en un contexto de violencia persistente contra las mujeres. Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en lo que va de 2026 se han registrado 54 feminicidios en México. Los estados con mayor concentración de estos casos son Sinaloa, con 8 víctimas; seguido de la Ciudad de México y el Estado de México, con 5 y 4 respectivamente, así como Tamaulipas, que también reporta 4 casos.
Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, manifestó su apoyo total a la iniciativa legislativa. El legislador aseguró que ya había conversado con la Presidenta sobre su intención de enviar la propuesta y confirmó que la bancada de Morena la respaldará sin duda en el proceso de discusión y aprobación en el Congreso de la Unión.
La creación de esta Ley General representa un esfuerzo por unificar los criterios de investigación y sanción en las 32 entidades federativas, donde actualmente existen discrepancias en la aplicación del tipo penal. La administración federal busca con esta herramienta legal fortalecer la capacidad de las instituciones para atender, investigar y sancionar los delitos basados en razones de género, dando respuesta a la demanda social de justicia ante casos como el de la estudiante Kimberly Joselin Ramos Beltrán, desaparecida en Morelos, que ha generado reciente alarma social.
