Por Redacción
Ciudad de Mexico, 19 de marzo de 2026.- La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó una sentencia previa y determinó que las capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp carecen de eficacia probatoria en procedimientos sancionadores si no cuentan con el consentimiento de las partes involucradas, al considerarlas comunicaciones privadas inviolables. El fallo, impulsado por el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, sienta un precedente crucial para la validación de evidencia digital en el sistema de justicia electoral mexicano.
La resolución surge a raíz de un procedimiento por violencia política en razón de género iniciado contra la diputada local con licencia de Morena, Almendra Negrete Sánchez. La denuncia se basaba originalmente en capturas de pantalla de un chat privado entre la ciudadana María Emma Zermeño López y un tercero, las cuales fueron aportadas voluntariamente ante notario por uno de los interlocutores. Sin embargo, la instancia superior rechazó este criterio, argumentando que la mera voluntad de una parte no basta para vulnerar la privacidad de la comunicación completa.
En su proyecto de resolución, el magistrado De la Mata Pizaña estableció que el uso de comunicaciones privadas como prueba debe superar un estándar reforzado que garantice la voluntariedad, la trazabilidad y la autenticidad de los datos. Esto implica que, para ser admisibles, las evidencias digitales no deben haber sido manipuladas ni obtenidas mediante métodos que violen la esfera privada de los participantes, requiriendo en muchos casos la validación conjunta o mecanismos forenses que aseguren su integridad original.
Esta decisión marca una divergencia significativa con el criterio adoptado anteriormente por la Sala Regional del tribunal, la cual había considerado lícitas las pruebas bajo el argumento de la aportación voluntaria ante autoridad notarial. La revocación de la Sala Superior corrige esta interpretación, protegiendo el derecho a la privacidad y la inviolabilidad de las comunicaciones electrónicas consagrados en la Constitución, incluso dentro de litigios electorales y de violencia política.
El precedente establecido por el TEPJF tendrá repercusiones inmediatas en futuros casos donde se intenten utilizar mensajes de aplicaciones de mensajería instantánea como fundamento de sanciones o responsabilidades. Los operadores jurídicos deberán ahora extremar precauciones al recabar evidencia digital, asegurando que se cumplan los requisitos de autenticidad y respeto a los derechos de privacidad para evitar la nulidad de sus actuaciones procesales.
Con esta determinación, el tribunal electoral busca equilibrar la necesidad de sancionar conductas ilícitas con la protección fundamental de los derechos humanos en la era digital, enviando una señal clara sobre los límites de la prueba obtenida de fuentes privadas sin el debido proceso de validación técnica y jurídica.
