Washington, 25 de marzo de 2026.- El Tribunal Supremo de Estados Unidos celebró este martes una audiencia clave para determinar el futuro de las políticas de asilo impulsadas por la administración de Donald Trump, en un contexto marcado por el despliegue de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en 14 aeropuertos del país y la deportación de personas protegidas por programas como DACA.
Durante la sesión judicial, se discutieron las medidas restrictivas que busca implementar el ejecutivo, las cuales han generado contradicciones legales inmediatas. La jueza federal Dena Coggins emitió una orden para el regreso a territorio estadounidense de María de Jesús Estrada Juárez, migrante amparada por el programa DACA, deteniendo temporalmente su deportación. Este caso ilustra la tensión entre las órdenes judiciales de protección y la ejecución de deportaciones por parte de las autoridades federales.
En el ámbito operativo, la presencia de ICE se ha intensificado en puntos de entrada aéreos, aunque las fuentes consultadas no especifican el número exacto de detenciones realizadas en este despliegue. Paralelamente, figuras cercanas a la política migratoria del trumpismo, como Tom Homan, han mantenido posturas favorables al endurecimiento de los controles fronterizos, mientras asistentes del fiscal general, como Vivek Suri, participan en los procesos legales que definirán la aplicación de estas normas.
Ante el aumento de retornos, el gobierno de México activó mecanismos de asistencia para sus connacionales. Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, informó que el programa ‘México te Abraza’ ha atendido a 189,830 mexicanos hasta el 18 de marzo de 2026. Las cifras reflejan el volumen de personas que están siendo devueltas desde la frontera norte, donde la directora del Puerto de San Ysidro, Mariza Marín, coordina los flujos de entrega con autoridades estadounidenses.
La situación ha derivado en controversias respecto a la transparencia y efectividad de los programas de apoyo, según reportes de medios locales. Además, persisten incógnitas sobre casos específicos, como la identidad completa de los agentes involucrados en incidentes reportados en Minnesota y los nombres completos de dos mexicanos entregados recientemente a la Fiscalía General de la República, identificados solo como ‘Silvia N’ y ‘Salvador N’.
El Tribunal Supremo, con la participación de magistrados como John G. Roberts Jr. y Amy Coney Barrett, no ha emitido aún la votación final sobre la constitucionalidad de las nuevas restricciones de asilo. La resolución de la corte definirá si la administración Trump puede proceder con su agenda de limitación de protección a migrantes o si las barreras legales impuestas por los tribunales inferiores se mantendrán vigentes.
