Ciudad De México, 08 de abril de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó el 7 de abril de 2026 el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, al afirmar que el documento tiene ‘otra orientación’ cuyo propósito es criticar al Gobierno de México. La mandataria negó que la crisis de desaparecidos en México pueda ser un crimen de lesa humanidad y criticó el informe por sus ‘debilidades’ y su ‘orientación’.
Sheinbaum sostuvo que la desaparición forzada generada desde el Estado fue lo que ocurrió en México en la llamada ‘guerra sucia’ y que ‘eso ya no ocurre’. En declaraciones recogidas por El Siglo de Torreón, la presidenta indicó: “Una cosa es la desaparición forzada generada desde el Estado, que fue lo que ocurrió en México en la llamada ‘guerra sucia’ (…) Nosotros separamos en dos lo que presentamos aquí. Lo que ocurrió en aquellas épocas, eso ya no ocurre”.
La jefa del Ejecutivo rechazó que las desapariciones en México puedan constituir un crimen de lesa humanidad porque aseguró que este tipo penal requiere ‘ataques sistemáticos contra la población civil’ por parte del Estado. Sheinbaum insistió en que el Gobierno de México está haciendo un esfuerzo para erradicar el delito de desaparición y para encontrar a las personas desaparecidas junto con sus familias.
Respecto al documento internacional, Sheinbaum reiteró su posición crítica porque ‘no tomó en cuenta’ las observaciones presentadas por el Ejecutivo mexicano. “Nada más hay que leer las conclusiones para saber que no están reconociendo el esfuerzo que está haciendo el gobierno de México”, señaló según Semanario ZETA. Además, anunció que la Secretaría de Gobernación (SEGOB) ofrecerá una conferencia de prensa para exponer la postura técnica del gobierno.
Por su parte, Juan Pablo Albán, presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, defendió el proceso y precisó que el análisis examina la evolución de la situación hasta la actualidad. Albán declaró que el Comité considera que el número de personas desaparecidas registradas, más de 132 mil al 19 de febrero de 2026, y su constante aumento son indicios de la magnitud del fenómeno a nivel nacional.
El informe del CED sostiene que las desapariciones forzadas en México tienen carácter generalizado o sistemático por parte del Estado y recomienda elevar el caso ante la Asamblea General de la ONU. Diversas organizaciones de derechos humanos, entre ellas Tlachinollan y el Centro Prodh, respaldaron la decisión del CED, mientras que la SEGOB había calificado el informe de ‘tendencioso’ desde su publicación la semana previa.
