Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó otorgar un indulto a Mario Aburto Martínez, preso confeso del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, y sostuvo que el magnicidio ocurrido en 1994 es un “asunto de Estado” que no puede cerrarse con medidas de gracia. La declaración se produce a 32 años del crimen, en un contexto donde la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta una investigación contra Jorge Antonio Sánchez Ortega por su presunta participación como segundo tirador.
Luis Donaldo Colosio Riojas, senador e hijo de la víctima, expresó una visión divergente al afirmar que la presidenta sí cuenta con la facultad legal para conceder el indulto, pero le falta voluntad política para hacerlo. El legislador señaló que la teoría del segundo tirador “no es nueva” y que dicha persona “ya la habían pescado hace 30 años”, cuestionando la narrativa de una investigación activa con pruebas recientes promovida por la FGR.
La discrepancia entre el Ejecutivo federal y el familiar de la víctima marca el estado actual del proceso judicial. Mientras Sheinbaum insiste en la complejidad del caso como un tema de seguridad nacional, Colosio Riojas pone el foco en la resolución de la apelación presentada por Jorge Antonio Sánchez Ortega, ex agente del Cisen, la cual lleva cuatro meses sin desahogarse desde noviembre de 2025.
El asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta ocurrió el 23 de marzo de 1994 en Tijuana, Baja California, hecho que marcó un punto de inflexión en la historia política contemporánea de México. Desde entonces, el caso ha sido objeto de múltiples reinterpretaciones y teorías sobre la autoría intelectual y material del crimen, manteniendo una vigencia que trascende las décadas.
En medio de este debate, la presidenta Sheinbaum mencionó aspectos relacionados con una supuesta candidatura de Colosio Riojas a la gubernatura de Sonora, aunque no se detallaron las implicaciones específicas de este comentario en el contexto de las declaraciones sobre el indulto. La falta de desahogo de la apelación de Sánchez Ortega mantiene latente la expectativa de una resolución definitiva por parte del Poder Judicial.
La postura de la FGR, que continúa investigando la posible participación de un segundo ejecutor, contrasta con la percepción del senador Colosio Riojas, quien considera que los elementos para cerrar el caso existen desde hace tres décadas. Esta divergencia de interpretaciones sobre la evidencia y la voluntad política mantiene abierto el capítulo más sensible del crimen político en México a más de tres décadas de su ejecución.
