Por Redacción
La República, 18 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado una reforma electoral denominada ‘Plan B’, que propone ajustar la consulta de revocación de mandato y modificar la integración de los ayuntamientos, con el argumento de generar ahorros y fortalecer mecanismos de participación. La iniciativa, presentada tras el rechazo de una propuesta más amplia, busca que la revocación coincida con elecciones intermedias, lo que permitiría a la mandataria hacer proselitismo en ese proceso, y establece nuevos topes para el número de regidores y el gasto de los congresos estatales.
El paquete de reformas constitucionales fue recibido por la Cámara alta y será turnado a comisiones para su análisis. Según la senadora de Morena, Laura Itzel Castillo Juárez, la propuesta busca “privilegiar el ahorro y la austeridad” en el gasto público. La Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez, respaldó el envío de la iniciativa, que también cuenta con el apoyo prometido de los partidos Verde y del Trabajo (PT).
Uno de los puntos centrales es la modificación a la consulta de revocación de mandato, instituida en 2019 y ejercida por primera vez en 2022 con el expresidente Andrés Manuel López Obrador. La nueva propuesta plantea que este ejercicio se realice el mismo día de las elecciones federales intermedias, eliminando la restricción que prohíbe al titular del Ejecutivo hacer campaña durante el proceso. En la consulta de 2022 participaron 16.5 millones de personas (17.7% del padrón de 97 millones), donde 15.159 millones (91.8%) votaron a favor de que López Obrador continuara.
En materia municipal, la iniciativa establece que el número de regidores en los ayuntamientos oscile entre 7 y 15, dependiendo del tamaño de la población, y fija un límite de gasto para los congresos locales del 0.7% del presupuesto de la entidad. Sin embargo, surgió una polémica porque el texto original omitió la palabra “paritario” al referirse a la integración de los cabildos, lo que fue interpretado por críticos como un intento de eliminar la paridad de género. La Presidencia corrigió el documento, señalando que se trató de una omisión involuntaria.
El analista Elías Lixa cuestionó el discurso de ahorro, señalando que, en el caso de Yucatán, mientras en Mérida se reducirían dos regidores, en el interior del estado aumentarían 221, lo que generaría más gasto. Por su parte, la oposición y diversos analistas políticos ven en la reforma, especialmente en el cambio a la revocación, un mecanismo diseñado para dar una ventaja electoral a Morena y a la propia presidenta Sheinbaum, quien obtuvo 35.9 millones de votos (59.75%) en las elecciones de 2024.
El contexto de esta ‘Plan B’ es el rechazo legislativo previo a una reforma electoral más profunda impulsada por el gobierno. Los promotores insisten en que se trata de ajustes necesarios para eficientar recursos, mientras los críticos advierten sobre un posible uso político del mecanismo de revocación y sobre los efectos reales en las finanzas de los municipios. El debate en el Senado definirá el futuro de la propuesta.
