Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó otorgar un indulto a Mario Aburto Martínez, condenado como el asesino confeso de Luis Donaldo Colosio Murrieta, al definir el expediente como un asunto de Estado que no puede ser resuelto mediante beneficios penitenciarios. La declaración se produce en un contexto de renovado escrutinio público sobre el crimen ocurrido en 1994 y las recientes discusiones acerca de la participación de otros posibles involucrados.
De acuerdo con la postura expresada por la jefa del Ejecutivo federal, la decisión de no conceder el indulto responde a la naturaleza política y histórica del caso, evitando así intervenir en una sentencia que ha marcado la vida institucional del país durante más de tres décadas. Esta posición contrasta con opiniones surgidas en el ámbito legislativo, donde se ha señalado que la facultad para otorgar el beneficio existe, pero carece de la voluntad política para ejecutarse.
El caso ha cobrado nueva relevancia debido a la reapertura de líneas de investigación relacionadas con la hipótesis de un segundo tirador. Documentos del Poder Judicial de la Federación, citados por medios de comunicación, han puesto sobre la mesa la situación procesal de Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), cuyo procedimiento de apelación se encuentra actualmente en suspenso.
En torno a las teorías de un complot para eliminar al entonces candidato presidencial, la información disponible indica que la Fiscalía General de la República no ha mencionado oficialmente que se haya tratado de una conspiración organizada, manteniendo la versión oficial centrada en la autoría individual de Aburto Martínez. A pesar de ello, el debate público continúa alimentado por las discrepancias entre las distintas versiones judiciales y políticas sobre los hechos de Lomas Taurinas.
La discusión sobre el caso Colosio se entrelaza con el panorama político actual, donde figuras vinculadas al apellido del occiso mantienen presencia en la vida pública. Sheinbaum hizo referencia a las aspiraciones electorales de algunos actores políticos relacionados con el caso, señalando contradicciones en sus trayectorias, como la búsqueda de una gubernatura en una entidad distinta a su representación legislativa actual, aunque sin profundizar en detalles específicos sobre estos movimientos partidistas.
Mientras la investigación judicial sobre los posibles acompañantes del tirador sigue su curso, la postura del gobierno federal queda establecida: no habrá indulto para Mario Aburto. La determinación cierra, por el momento, la puerta a cualquier expectativa de liberación anticipada para el reo, manteniendo el estatus del caso como uno de los expedientes más sensibles y vigilados de la historia contemporánea de México.
