Por Redacción
México., 16 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este lunes que enviará al Congreso de la Unión el denominado “Plan B” de reforma electoral, una propuesta acotada que busca reducir el presupuesto de los congresos locales, el Senado y el número de regidores municipales, para reorientar esos recursos hacia obra pública en estados y municipios. La iniciativa, que será remitida el próximo 17 de marzo, surge después de que una propuesta más amplia (Plan A) fuera rechazada el pasado 11 de marzo en la Cámara de Diputados, incluso por sus aliados del Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
En su anuncio desde Palacio Nacional, Sheinbaum explicó que el objetivo central de esta nueva iniciativa es que los recursos que se ahorren al reducir gastos en las legislaturas estatales y en los cabildos “se queden en los municipios y en los estados para obra pública”. La mandataria aseguró que los fondos liberados serán etiquetados específicamente para este fin, aunque no detalló el mecanismo legal para garantizarlo.
Según análisis editoriales citados en la discusión pública, el ahorro total que se proyecta con estas medidas ascendería a aproximadamente 4,000 millones de pesos. Como ejemplo del gasto que se busca recortar, se mencionó que el costo por legislador en Baja California es de 34.9 millones de pesos, mientras que en Colima es de 5.2 millones.
Este “Plan B” representa un repliegue táctico del gobierno federal y de Morena tras el fracaso de la negociación de la reforma integral. Análisis periodísticos señalan que el “Plan A” incluía una reducción más ambiciosa, como disminuir la Cámara de Diputados de 500 a 400 integrantes, pero fue rechazado por el PT y el Verde, quienes, según se especula, temían la consolidación de un partido hegemónico y posibles riesgos para su propio registro.
La nueva propuesta, acordada con estos mismos partidos aliados durante el fin de semana, deja de lado, al menos por ahora, cambios más controversiales a nivel federal que Sheinbaum había promovido, como la reducción sustancial de los ingresos de los partidos políticos y modificaciones al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). La presidenta reconoció que el objetivo de “disminuir el ingreso económico a partidos políticos” no se logró en esta propuesta, pero afirmó que seguirá insistiendo en ello.
El envío de la iniciativa marca el reinicio de un debate legislativo complejo. La aprobación requerirá de mayorías calificadas en el Congreso de la Unión y, muy probablemente, de la ratificación de la mayoría de las legislaturas estatales, un proceso que pondrá a prueba la nueva coalición parlamentaria y definirá el alcance real de la política de austeridad que busca imponer el ejecutivo federal sobre los poderes locales.
