Por Redacción
Ciudad de Mexico, 16 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este lunes un Plan B de reforma electoral que plantea recortes presupuestales a congresos locales y regidores municipales, luego de que su iniciativa original fuera rechazada la semana pasada en la Cámara de Diputados. La propuesta, que será enviada al Congreso de la Unión este martes, se enfoca en reducir gastos de operación de legislaturas estatales y destinar los ahorros a obras públicas.
El anuncio se realizó durante la conferencia matutina desde Palacio Nacional, donde Sheinbaum explicó que esta versión recortada deja de lado temporalmente los cambios al Instituto Nacional Electoral (INE), Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y partidos políticos federales, que habían generado mayor controversia en el Plan A.
La iniciativa surge después del rechazo del 11 de marzo a la reforma electoral más amplia, cuando los aliados de Morena -PT y PVEM- votaron en contra en su mayoría. Según cifras citadas en el análisis previo, el costo por legislador en Baja California alcanza los 34.8 millones de pesos, mientras que en Colima es de 5.1 millones, con un ahorro total estimado en 4,000 millones de pesos.
Sheinbaum señaló que la propuesta busca “racionalizar el gasto” en los congresos locales, aunque una de las fuentes consultadas indica que el objetivo de disminuir el ingreso económico a partidos políticos “no se logró ahora”. Existen discrepancias sobre si la reorientación del presupuesto incluiría también al Senado de la República, ya que otras fuentes se centran exclusivamente en congresos locales y municipios.
Para su aprobación, el Plan B requerirá el aval de al menos 17 congresos locales, un proceso que se anticipa complejo dado el reciente fracaso de la iniciativa más amplia. La propuesta representa un repliegue estratégico del gobierno federal ante la falta de consenso con sus aliados políticos.
El mecanismo específico para etiquetar los ahorros hacia obras públicas y el texto completo de la iniciativa aún no han sido dados a conocer, lo que genera expectativa sobre los detalles de implementación. La medida se enmarca en la política de austeridad que ha caracterizado a la administración actual.
