marzo 23, 2026
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Sentencian a 60 años de prisión a exservidor educativo por violación agravada en CDMX

Por Redacción

Ciudad De México, 23 de marzo de 2026.- Un tribunal de justicia emitió una sentencia condenatoria de 60 años de prisión en contra de Omar ‘N’, exservidor público del sector educativo, tras acreditar su responsabilidad en cinco ocasiones de violación. El fallo, emitido en la Ciudad de México, incluye además la suspensión del ejercicio profesional, la suspensión de derechos políticos y civiles, así como una amonestación y la obligación de reparar el daño a la víctima.

El proceso penal que culminó con esta sentencia se originó en septiembre de 2015, cuando la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas (Fevimtra) inició las investigaciones correspondientes. Según los datos del caso, el docente impartía clases en la Secundaria Técnica 45 ‘Ignacio Manuel Altamirano’, ubicada en la colonia San Nicolás Totolapan, perteneciente a la alcaldía Magdalena Contreras.

La condena de seis décadas de cárcel responde a la gravedad de los delitos cometidos, los cuales fueron perseguidos durante más de una década dentro del sistema de justicia local. La autoridad judicial determinó la culpabilidad del acusado basándose en las pruebas presentadas a lo largo del procedimiento, estableciendo la pena máxima acumulada por los cinco episodios de agresión sexual confirmados.

Además de la privación de la libertad, la sentencia establece medidas accesorias destinadas a impedir que el condenado vuelva a ejercer funciones relacionadas con la educación o a ocupar cargos de elección popular. La reparación del daño fue ordenada como parte integral de la resolución, aunque el monto específico no fue detallado en los informes disponibles sobre el fallo.

Este caso representa uno de los procesos de mayor duración en la Fevimtra, destacando la persistencia de las autoridades para llevar a justicia a un agresor que aprovechó su posición como servidor público educativo para cometer los ilícitos. La sentencia marca el cierre de un capítulo legal que comenzó hace más de 10 años en la capital del país.

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