Por Redacción
México, 18 de marzo de 2026.- El Senado de la República recibió formalmente la iniciativa de reforma electoral conocida como “Plan B” de la presidenta Claudia Sheinbaum, que busca modificar reglas de revocación de mandato, reducir estructuras municipales e imponer topes salariales, después de que su propuesta inicial fuera rechazada en la Cámara de Diputados. La propuesta, que debe aprobarse antes de septiembre de 2026 por restricciones constitucionales, fue defendida por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, como una medida de austeridad, mientras la oposición la calificó de regresiva y antidemocrática.
Entre los cambios más significativos destaca la modificación al mecanismo de revocación de mandato, que adelanta el plazo para su realización al tercer año de gobierno y autoriza expresamente a la presidenta a hacer campaña a favor de su permanencia, utilizando recursos que la iniciativa no especifica. Además, plantea una reducción sustancial en el número de regidores por municipio, limitándolos a un rango de entre 7 y 15, y elimina el principio de paridad de género en estas regidurías.
La iniciativa también establece un tope presupuestal para los congresos locales, limitando su gasto al 0.7% del presupuesto total de su respectivo estado, e impone topes salariales para funcionarios de los organismos electorales. Monreal señaló que estas medidas buscan un ahorro significativo para las arcas públicas y anunció que se trabaja en una reforma judicial complementaria, cuyos detalles aún no han sido revelados.
El apoyo político mostró fisuras desde el primer momento. Mientras el líder del PVEM, Manuel Velasco, anunció un apoyo unánime de su bancada, el senador Luis Armando Melgar no ratificó su voto y solicitó una revisión previa del texto, generando una contradicción interna. Por su parte, la senadora del PAN, Kenia López Rabadán, criticó duramente la propuesta, argumentando que bajo el pretexto de la austeridad se autorizan gastos de campaña para la titular del Ejecutivo y se eliminan avances en materia de paridad.
El contexto de la propuesta se enmarca en el rechazo del llamado “Plan A” y en un escenario de intensa actividad del Fiscal Especializado en Delitos Electorales (FISEL), que en 2025 inició 741 carpetas de investigación. La iniciativa ahora deberá ser discutida en comisiones del Senado, donde se espera un debate polarizado, especialmente por los cambios en la revocación de mandato y la eliminación de la paridad de género a nivel municipal, puntos que la oposición ya ha señalado como focos de conflicto.
