Washington, 28 de marzo de 2026.- Senadores republicanos y demócratas acordaron la madrugada de este viernes 27 de marzo financiar la mayor parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), con excepción del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). El pacto, que ahora deberá ser aprobado por la Cámara de Representantes, incluye fondos para componentes críticos como la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) y la Guardia Costera, en medio de una parálisis presupuestaria que ha afectado las operaciones aeroportuarias.
En paralelo a las negociaciones legislativas, Markwayne Mullin juramentó como nuevo secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos durante una ceremonia realizada en la Casa Blanca, donde estuvo presente el presidente Donald Trump. La llegada de Mullin al cargo ocurre en un contexto de tensión operativa, derivada de la falta de recursos discrecionales para ciertas agencias federales.
Ante los retrasos y problemas operativos registrados en los aeropuertos, el presidente Donald Trump anunció que firmará una orden ejecutiva para garantizar el pago inmediato a los agentes de seguridad aeroportuaria, quienes han laborado sin salario debido al cierre parcial del departamento. El mandatario indicó que instruirá al nuevo secretario Mullin para ejecutar dicho pago de forma inmediata y hacer frente a la situación de emergencia.
La crisis de personal ha generado cifras significativas de ausentismo en puntos neurálgicos de la aviación estadounidense. Se registró un 40.3% de ausentismo en la TSA del Aeropuerto William P. Hobby de Houston, Texas, mientras que en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, Georgia, la tasa alcanzó el 37.4%. Estos índices de falta de personal han contribuido a las demoras que la administración busca mitigar con la inyección de fondos.
El bloqueo presupuestario que impacta al Departamento de Seguridad Nacional ha mantenido sin fondos discrecionales a agencias clave desde mediados de febrero, dejando a miles de empleados trabajando hasta 30 días sin percibir su salario. Mientras el Senado avanza con el financiamiento parcial para reactivar servicios esenciales, la exclusión de ICE y parte de CBP mantiene la disputa política sobre las políticas de fiscalización migratoria como el eje central del conflicto legislativo.
