Ciudad De México, 27 de marzo de 2026.- El Pleno del Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular el denominado Plan B de la reforma electoral impulsado por el gobierno federal, aunque con una modificación sustancial: la exclusión de cualquier cambio relacionado con la revocación de mandato presidencial. La votación, realizada en la madrugada del 26 de marzo, arrojó un resultado de 87 votos a favor y 41 en contra, cifra que permitió alcanzar la mayoría calificada necesaria para modificar la Constitución.
El respaldo legislativo provino de las bancadas de Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), mientras que los senadores de Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) se pronunciaron en contra. A pesar de la unidad aparente en el marcador final, el proceso evidenció tensiones internas en la coalición gobernante, específicamente respecto a la iniciativa original que buscaba adelantar el ejercicio de revocación de mandato al año 2027, coincidiendo con las elecciones intermedias.
La eliminación de este apartado fue consecuencia directa de una reserva presentada por la senadora Lizeth Sánchez, del PT, la cual fue admitida por el pleno. Alberto Anaya, dirigente nacional del PT y senador, estableció como condición para apoyar la reforma en lo general el mantenimiento intacto del modelo actual de revocación, que estipula su realización en el cuarto año de gobierno. Anaya señaló su rechazo a que la titular del Ejecutivo pudiera promover su propia permanencia o que el proceso se mezclara con la elección de cargos legislativos.
Con la supresión de las modificaciones al artículo 35 constitucional, el dictamen aprobado se centra ahora en medidas de austeridad dentro del sistema político-electoral. Entre los cambios validados figuran la limitación a un máximo de 15 regidurías en los ayuntamientos, así como ajustes salariales y recortes a las remuneraciones, bonos y prestaciones de consejeros, magistrados electorales y funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE) y los organismos públicos locales (OPLES). La investigación señala que la reforma implica cambios distribuidos en 46 decretos que afectan diversos artículos de la Constitución, aunque el detalle específico de los 103 artículos mencionados inicialmente por el coordinador de Morena, Ignacio Mier Velazco, no fue desglosado públicamente en su totalidad durante la sesión.
Existieron discrepancias en las posturas reportadas dentro de la alianza oficialista. Mientras fuentes generales presentan al PVEM como aliado firme con declaraciones a favor de su senador Waldo Fernández, otros registros indican que el senador Luis Melgar, también del PVEM, votó en contra de la iniciativa, lo que refleja matices en la disciplina de voto de la coalición. Estas contradicciones subrayan la complejidad de las negociaciones previas a la votación, donde la preservación de la alianza prevaleció sobre la propuesta original de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respecto a la revocación.
Tras su aprobación en la Cámara Alta, la minuta fue turnada a la Cámara de Diputados para continuar su trámite legislativo. Ricardo Monreal, coordinador de Morena en San Lázaro, adelantó que el análisis en comisiones podría realizarse el 7 de abril, con una posible discusión en el pleno al día siguiente. Los legisladores federales tendrán la facultad de analizar el contenido ya modificado por el Senado y discutir nuevas reservas antes de su eventual publicación.
