Ciudad De México, 26 de marzo de 2026.- El Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular la reforma electoral conocida como ‘Plan B’, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, aunque con una modificación sustancial: la exclusión de los cambios al artículo 35 constitucional que permitirían adelantar la revocación de mandato a 2027. La votación, realizada cerca de la medianoche del 25 de marzo, arrojó un resultado de 87 votos a favor y 41 en contra, logrando la mayoría calificada necesaria gracias al respaldo conjunto de Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), este último condicionó su apoyo a la eliminación del mecanismo de revocación anticipada.
La sesión plenaria estuvo marcada por la tensión política y las negociaciones de última hora. Aunque la iniciativa original buscaba modificar la fecha de la consulta popular para que coincidiera con las elecciones intermedias de junio de 2027, la bancada del PT presentó una reserva para suprimir dicho apartado. La senadora Lizzet Sánchez, del Partido del Trabajo, argumentó desde la tribuna que mezclar la revocación de mandato con procesos electorales partidistas corría el riesgo de distorsionar el sentido democrático de ambos mecanismos, postura que finalmente prevaleció en la votación en lo particular.
Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en el Senado, aceptó la reserva para garantizar la aprobación del resto de la iniciativa, presentando el resultado como un éxito para mantener la unidad de la coalición oficialista y avanzar en la parte central de la reforma. Sin embargo, esta decisión generó una discrepancia notable con la visión de la presidenta Sheinbaum, quien había calificado previamente la exclusión de la revocación como algo ‘malo para el país’, mientras que sus aliados legislativos priorizaron la gobernabilidad y la separación de los ejercicios de evaluación ciudadana de las campañas políticas.
Con la eliminación del artículo 35 del dictamen aprobado, la figura de la revocación de mandato se mantiene bajo los términos actuales de la Constitución, lo que implica que cualquier consulta de este tipo solo podría solicitarse a finales de 2027 y realizarse en 2028, impidiendo que la mandataria federal utilice este mecanismo durante el proceso electoral intermedio. A pesar de las críticas de sectores opositores que señalaron que el objetivo real era permitir la promoción de la presidenta con recursos públicos, la estructura del PT sostuvo que su decisión buscaba evitar que la titular del Ejecutivo apareciera en la boleta electoral o hiciera campaña bajo este esquema.
Tras la aprobación en el Senado, la minuta con las modificaciones acordadas fue turnada a la Cámara de Diputados para continuar con el proceso legislativo. La reforma, que nació como una alternativa tras el rechazo de un proyecto anterior en San Lázaro, centra ahora su enfoque en otros aspectos de la transformación del sistema electoral sin incluir el adelanto de la revocación, cerrando así una etapa de intenso debate en la cámara alta donde la alineación de los partidos oficialistas fue determinante para el desenlace de la votación.
