Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado aprobaron este martes el dictamen del denominado Plan B de la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. La minuta, que establece cambios en la revocación de mandato, el número de regidores municipales y topes presupuestales para legislaturas locales, fue avalada con 24 votos a favor y 11 en contra, pasando ahora a discusión en el Pleno.
De acuerdo con el texto aprobado, los municipios con menos de 60 mil habitantes tendrán un máximo de siete regidores, mientras que aquellos con hasta 800 mil habitantes no excederán los 12. En las grandes metrópolis, el tope se fijó en 15 ediles. Además, se establece la figura de un solo síndico por municipio y se prohíbe que las legislaturas locales erogan más del 0.7 por ciento del presupuesto estatal anual. La propuesta también contempla que los funcionarios electorales no perciban salarios superiores al de la Presidenta de la República.
La votación en comisiones se realizó con la ausencia de los integrantes del Partido del Trabajo (PT), cuyas bancadas han manifestado resistencia a empalmar la revocación de mandato con las elecciones de junio de 2027, tal como lo propone la iniciativa. A pesar de esta ausencia, la coalición gobernante logró la mayoría necesaria para aprobar el dictamen, aunque existen versiones contradictorias sobre la unidad del bloque oficialista durante el proceso.
La oposición legislativa rechazó frontalmente la propuesta. El coordinador del PAN, Ricardo Anaya Cortés, calificó la iniciativa como la más pobre, chafa, precaria y malhecha enviada por la jefa del Ejecutivo. Por su parte, el diputado Federico Döring, también del PAN, acusó que Morena otorga a Sheinbaum una licencia para hacer trampa electoral mediante el uso de conferencias diarias y la inclusión de su nombre en la boleta de revocación de mandato.
Desde el PRI, la senadora Claudia Anaya Mota advirtió que la reforma en discusión vulnera la soberanía de los estados y municipios. Estas críticas se suman al contexto de tensión institucional, pues siete consejeros electorales del INE emitieron un comunicado para desconocer un documento que circuló a nombre del instituto con observaciones al Plan B, aclarando que el Consejo General no ha emitido ninguna postura oficial respecto a la iniciativa.
El dictamen aprobado en comisiones marca un avance significativo en la agenda legislativa de la presidencia, aunque su trámite final dependerá de la votación en el Pleno del Senado programada para este miércoles. La aprobación definitiva requerirá consolidar los apoyos necesarios frente a las reservas presentadas por los partidos de oposición y las discrepancias internas dentro de la coalición gobernante.
