Por Redacción
La Nación (Scjn), 17 de marzo de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analiza por tercera vez un proyecto para definir si las indemnizaciones civiles por muerte deben calcularse con base en el salario mínimo o en la Unidad de Medida y Actualización (UMA), ante una contradicción de criterios entre sus extintas salas que genera una diferencia de casi el 170% en el monto final para los deudos. El caso, promovido por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, busca que el pleno unifique la jurisprudencia.
El debate central radica en qué parámetro usar para cuantificar el lucro cesante, es decir, los ingresos que la víctima dejó de percibir. En marzo de 2024, la Primera Sala resolvió que podía usarse el salario mínimo para esta compensación. Sin embargo, en julio del mismo año, la Segunda Sala determinó en el caso 363/2024 que es constitucional emplear la UMA, un valor significativamente menor.
La disparidad es abismal. Para 2026, el salario mínimo general diario es de 315.04 pesos, mientras que la UMA diaria equivale a 117.31 pesos. Calcular una indemnización con uno u otro referente cambia radicalmente el resultado económico para las familias que buscan reparación por la pérdida de un familiar.
El proyecto que se discute, de la autoría de la ministra Lenia Batres Guadarrama, pretende resolver esta contradicción y establecer un criterio único y obligatorio para todos los juzgados del país. La discusión se enmarca en un procedimiento para fijar jurisprudencia, derivado de una denuncia por contradicción de tesis.
La resolución que tome el máximo tribunal tendrá un impacto directo en miles de juicios civiles y de responsabilidad civil derivada del fuero común y federal. Un fallo a favor del salario mínimo representaría una indemnización más cuantiosa para los afectados, mientras que la opción de la UMA, al ser un valor más bajo, beneficiaría a las partes demandadas, que suelen ser empresas o instituciones.
La SCJN no ha emitido aún un fallo definitivo, por lo que la incertidumbre jurídica persiste. La decisión final sentará un precedente crucial en materia de derechos de las víctimas y responsabilidad patrimonial en México.
