marzo 20, 2026
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Reportan entre 28 y 40 detenidos en operativo policial en Dinamita, Durango

Por Redacción

Dinamita, 20 de marzo de 2026.- Un operativo policial realizado el miércoles 18 de marzo dejó un número indeterminado de personas privadas de la libertad, con cifras que varían entre 28 detenidos confirmados por la Fiscalía General de Durango y alrededor de 40 según denuncias del Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida, el Territorio y el Agua, así como del obispo Raúl Vera López.

La acción policial se llevó a cabo en el contexto de un conflicto social originado por el despido injustificado de cuatro trabajadores de la empresa Sotomex, dedicada al transporte de explosivos. El Frente Unido mantenía un plantón desde 2017 contra un megaproyecto industrial y en apoyo a los trabajadores despedidos.

Según Raúl Vera López, de las aproximadamente 40 personas privadas de la libertad, sólo ocho tienen ubicación conocida. La Liga Sindical de la Confección en Nazareno reportó 27 detenciones arbitrarias, mientras que la Fiscalía de Durango confirmó la detención de 28 personas.

Existen contradicciones sobre la naturaleza de los hechos. El Frente Unido y Raúl Vera describen la protesta como pacífica, mientras que la Fiscalía acusa a los detenidos de presuntos delitos de robo, extorsión y bloqueos. Familiares de los detenidos se manifestaron frente al Palacio de Justicia en Gómez Palacio exigiendo su liberación.

Entre los involucrados en el conflicto figuran la Policía Estatal, Guardia Nacional y Sedena, así como autoridades como Sonia Yadira de la Garza Fragoso (Fiscal General de Durango), Esteban Villegas Villarreal (Gobernador de Durango) y Betzabé Martínez Arango (Presidenta Municipal de Gómez Palacio).

Se mantienen como información faltante la hora exacta del operativo, el paradero y estado de salud de la mayoría de las personas detenidas, los nombres completos de los detenidos, la orden judicial que respalde las detenciones y una respuesta oficial detallada de las autoridades estatales ante las acusaciones de represión.

El caso concentra atención de organizaciones sociales y defensores de derechos humanos, quienes cuestionan la proporcionalidad de la respuesta gubernamental ante una protesta social de larga duración en la región lagunera de Durango.

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