Ciudad De México, 01 de abril de 2026.- Representantes de la red ‘Manifiesta tu Ciudadanía’ hicieron un llamado urgente para establecer un diálogo de alto nivel con las autoridades fiscales, luego de que más de un centenar de organizaciones tuvieran revocado su estatus de donatarias autorizadas por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
El llamado se realizó el 27 de marzo de 2026 mediante un oficio presentado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el SAT y la Secretaría de Bienestar, en el que solicitaron la instalación de una mesa de trabajo. La red está integrada por 37 organizaciones de la sociedad civil que operan en nueve estados del país y tienen alcance sobre aproximadamente 400 OSC cuyas actividades abarcan desde asistencia social y defensa de derechos hasta temas ambientales.
David Pérez Rulfo, integrante del Consejo Directivo de la iniciativa, señaló que buscan “un diálogo con las autoridades porque consideramos que el espacio cívico, que es donde actúan las asociaciones civiles y en especial las donatarias autorizadas, está salvaguardado por el artículo noveno de nuestra constitución”. Las organizaciones están reguladas por el artículo 79 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que reconoce 26 actividades de interés público, y la deducibilidad de donativos se aplica sobre la base gravable con un límite del 7% de las utilidades declaradas.
Sobre el impacto económico, Pérez Rulfo explicó: “No es ni un permiso para recibir donativos ni la deducibilidad se deduce de los impuestos resultantes a pagar”, y detalló que “70 centavos de cada peso que ese donante le otorga son de su bolsillo”. El dirigente criticó que el esquema actual ha cambiado drásticamente: “De ser un incentivo fiscal se convirtió en una espada de Damocles”.
En cuanto al marco regulatorio, el integrante de ‘Manifiesta tu Ciudadanía’ afirmó que las donatarias autorizadas están sujetas a disposiciones vinculadas a la prevención de lavado de dinero y existe una restricción de destinar solo el 5% de sus ingresos a gastos administrativos. “Somos más regulados que los giros negros, que los casinos y que los bares”, declaró Pérez Rulfo, añadiendo que “cada vez más, a través de misceláneas fiscales, nos hacen muy complicado el cumplimiento de todos los requerimientos fiscales”.
Respecto al proceso de cancelación, se indicó que el estatus de donataria se notifica sin un proceso judicial previo. “El derecho de audiencia, de ser escuchados y de tener un juicio, no opera para las donatarias autorizadas”, dijo Pérez Rulfo, quien también mencionó que existe “una asimetría total” frente a otras personas morales y que “no hay casos en los últimos años en México” con estas características.
La red expresó en un comunicado: “Creemos firmemente que es posible construir soluciones conjuntas que permitan garantizar el cumplimiento de la ley sin obstaculizar el trabajo legítimo y necesario de las OSC”. Los primeros signos de este endurecimiento fiscal hacia las ONG comenzaron a observarse desde 2019, cuando se cancelaron apoyos, desapareció el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) y el diálogo prácticamente se cerró.
