Por Redacción
Ciudad De México, 20 de marzo de 2026.- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) aclaró que carece de facultades para imponer sanciones sanitarias a negocios que venden tortillas en hieleras o las transportan en motocicletas, desmintiendo declaraciones erróneas emitidas por la Oficina de Defensa del Consumidor (Odeco) Zona Golfo-Norte en Tampico, Tamaulipas. La institución precisó que las regulaciones sobre sanidad alimentaria corresponden a otras autoridades, mientras que su competencia se limita a la protección económica del consumidor.
Esta aclaración surge en un contexto de coordinación entre dependencias federales para fortalecer el consumo y el apoyo empresarial. Paralelamente, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno reportó el éxito de su Sistema de Capacitación Virtual, el cual registró 1.3 millones de participaciones en 2025. Esta cifra representa un aumento del 290 por ciento respecto a 2024 y supera los 1.2 millones de usuarios acumulados durante los primeros cinco años de operación de la plataforma.
En el ámbito del apoyo al comercio, Correos de México y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR) presentaron la herramienta CorreosClic como un aliado para las empresas. Durante el evento, Violeta Abreu González, directora de Correos de México, destacó la colaboración institucional, mientras que líderes del sector empresarial como Octavio de la Torre, presidente de CONCANACO, y sus vicepresidentes Sebastián Frías Estrella y Antonio Díaz Gutiérrez, participaron en la presentación de los beneficios para los asociados.
Respecto al monitoreo de precios, Profeco mantiene activo el programa “Quién es Quién en los Precios”, que actualmente supervisa más de 600 negocios para garantizar transparencia en el mercado. Esta acción se suma a las estrategias de capacitación y clarificación normativa que buscan optimizar la relación entre las autoridades federales, los comerciantes y la población.
La confusión generada en Tampico subraya la necesidad de delimitar claramente las competencias entre las agencias de protección al consumidor y las entidades sanitarias, evitando que los comerciantes enfrenten interpretaciones incorrectas sobre las normas de operación de sus establecimientos.
