Ciudad De México, 27 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo impulsó una iniciativa de reforma constitucional para crear una Ley General que permita prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio en todo el territorio nacional. La propuesta contempla establecer un tipo penal único con sanciones de prisión de 40 a 70 años, además de multas y la consideración de 21 agravantes para los responsables.
De acuerdo con la información disponible, la iniciativa tiene como objetivo homologar los criterios de todas las fiscalías del país para acabar con la impunidad en estos casos. Entre los puntos centrales de la propuesta destaca la obligación del Ministerio Público de investigar de inicio cualquier muerte violenta de una mujer bajo la carpeta de feminicidio, así como la creación de un registro nacional de orfandad para los hijos e hijas de las víctimas.
Ernestina Godoy, fiscal general de la República, participó en la presentación de los detalles de la iniciativa, describiendo el combate a este delito como una lucha permanente que requiere la reconfiguración de las acciones de las procuradurías. La funcionaria enfatizó que hablar de feminicidios implica reconocer una deuda histórica en materia de investigación y acceso a la justicia para las mujeres y sus familias, por lo que es necesaria una reforma al artículo 73 de la Constitución para facultar al Congreso a expedir esta ley general.
La definición del crimen se basa en privar de la vida a una mujer por razones de género, reconociendo como tales los signos de violencia sexual, lesiones degradantes, antecedentes de violencias y contextos de asimetría de poder. Las agravantes propuestas incluyen casos donde la víctima sea niña, adolescente o adulta mayor, esté embarazada, tenga discapacidad, sea periodista, defensora de derechos humanos o migrante, así como cuando el acusado sea servidor público o el cuerpo presente signos de violencia extrema.
En el marco de este anuncio, la mandataria señaló que existe consenso social y político sobre la necesidad de castigar con severidad la muerte violenta de las mujeres y de implementar protocolos de protección efectivos. La propuesta integra también sanciones económicas que van desde mil hasta dos mil UMAS, buscando no solo el encarcelamiento, sino la reparación del daño a las comunidades y familiares afectados.
Esta acción legislativa responde a la persistencia de la violencia de género en México, un fenómeno que aunque ha mostrado variaciones en las cifras oficiales en años recientes, continúa siendo señalado por colectivos feministas y organismos internacionales como un problema estructural que demanda respuestas integrales del Estado mexicano más allá de las normas penales.
