Por Redacción
México, 19 de marzo de 2026.- El debate sobre la reforma electoral conocida como ‘Plan B’, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum al Senado, generó posturas encontradas y fuertes críticas sobre su impacto en la equidad de las contiendas futuras. Mientras el Partido del Trabajo (PT) anunció su respaldo con reservas sobre la fecha de la revocación de mandato, el Partido Acción Nacional (PAN) calificó la iniciativa como una ‘farsa’ y advirtió sobre ‘torpezas vulgares’ como la eliminación de la paridad en ayuntamientos. Diputados de oposición señalaron que la propuesta busca influir en los comicios de 2027 y representa un retroceso democrático.
El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya Cortés, cuestionó que la iniciativa no ataque el problema del dinero del narcotráfico en las elecciones ni corrija la sobrerrepresentación del partido Morena. “Critica que el Plan B no resuelve el dinero del narco en elecciones ni la sobrerrepresentación de Morena”, señaló, advirtiendo sobre una ‘farsa’ en la revocación de mandato. Por su parte, el diputado Rubén Moreira alertó que el proceso busca influir en los comicios de 2027 y no es una reforma de fondo, calificándolo como un daño a la equidad.
Dentro del PT se evidenciaron posturas divergentes. El dirigente nacional, Benjamín Robles, anunció el respaldo al Plan B, pero expresó reservas sobre la fecha propuesta para la revocación de mandato, prefiriendo que sea en 2028 y no en 2027 para evitar riesgos a la equidad. En contraste, la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre aseguró que respaldará la iniciativa y votará a favor, a pesar de las reservas de otros miembros de su partido.
La propuesta también incluye medidas que afectan directamente al Instituto Nacional Electoral (INE), como un recorte presupuestal progresivo del 15% en cuatro años y un tope salarial de 134 mil pesos mensuales para los consejeros, quienes actualmente perciben alrededor de 262 mil pesos brutos al mes. Según información periodística, el INE defiende su autonomía presupuestal y sus altos sueldos, en medio de choques con el poder Ejecutivo y Legislativo que vienen desde 2018.
El Plan B propone cambios en la integración de ayuntamientos, lo que afectaría a 56 municipios con reducción de regidurías y a 1,089 con aumento, según cifras de la investigación. El PAN, aunque apoya el recorte presupuestal al INE, advirtió que estos cambios podrían generar mayores costos operativos a nivel municipal, contradiciendo el discurso oficial de austeridad.
El contexto de la iniciativa se enmarca en la continuidad de las tensiones entre el INE y el gobierno federal, heredadas del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. La revocación de mandato, instrumento ya utilizado en 2022 y criticado por algunos como una herramienta de promoción política, se convierte nuevamente en un punto de fricción, con advertencias de que su uso en 2027 podría desequilibrar la contienda electoral de ese año.
