Ciudad De México, 02 de abril de 2026.- El Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU decidió elevar con carácter urgente la situación de México ante la Asamblea General, tras activar el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. El organismo solicitó al secretario general de la ONU, António Guterres, que remita el caso para que se consideren medidas de apoyo en la prevención, investigación y erradicación del problema.
El CED concluyó que la información recibida contiene indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad. Juan Albán-Alencastro, presidente del comité, subrayó que lo que define esta categoría es el patrón de los ataques contra la población civil y su magnitud, no necesariamente que sean orquestados desde las altas esferas del gobierno. Como prueba de la gravedad, el comité citó el hallazgo continuo de fosas comunes clandestinas, con más de 6,200 cadáveres y 76,000 restos humanos localizados, la mayoría sin identificar.
Ante esta resolución, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México rechazó categóricamente el informe, calificándolo de tendencioso y sesgado. Las autoridades mexicanas argumentaron que el documento ignora las actualizaciones presentadas por la administración actual y se basa principalmente en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Además, el gobierno señaló que el análisis es parcial al circunscribirse a solo cuatro de los 32 estados de la República.
La SRE afirmó que el marco del CED no corresponde a la realidad del país, ya que el procedimiento está diseñado para contextos donde las desapariciones son cometidas de manera generalizada y sistemática por agentes del Estado. En un comunicado, la cancillería declaró: “El Gobierno de México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas”. Asimismo, las autoridades destacaron que el propio informe reconoce en sus párrafos 117 y 118 que no existen indicios de una política federal para cometer ataques sistemáticos.
El gobierno mexicano defendió las transformaciones estructurales emprendidas desde 2019 y las reformas clave aprobadas en julio de 2025, incluyendo la Alerta Nacional de Búsqueda y el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses. No obstante, la SRE lamentó que el CED rechazara revisar la información actualizada proporcionada el 27 de marzo. México reiteró su disposición a la cooperación técnica internacional, pero advirtió que no aceptará premisas que no reflejen la transformación institucional lograda.
Por su parte, Santiago Corcuera, expresidente del CED, consideró deplorable la respuesta del Estado mexicano y señaló que es una “muy mala señal”. Corcuera explicó que la definición utilizada por el comité es un estándar consolidado en el derecho internacional y que la responsabilidad del Estado abarca todos los órdenes de gobierno, incluso cuando los hechos son cometidos por particulares. El experto lamentó que “no se aprovecha la oportunidad de reconocer la dimensión del problema”.
