Ciudad De México, 09 de abril de 2026.- El Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) activó para México el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de las Personas Contra Desapariciones Forzadas, tras destacar la “imperante impunidad” y una “impunidad estructural” que provoca la reproducción de estos delitos en el país. La decisión se basa en cifras que indican más de 132 mil 400 personas desaparecidas al 19 de febrero de 2026, situación que Juan Pablo Albán, presidente del Comité, describió como “indicios de la magnitud del fenómeno a nivel nacional, sin que se vislumbre una tendencia inversa”.
Según datos estatales citados por el CED en abril de 2022, sólo entre el 2 y el 6 por ciento de los casos de desaparición habían sido judicializados, con apenas 36 sentencias a nivel nacional en ese momento. Para inicios de 2026, las cifras oficiales estiman alrededor de 72 mil restos humanos sin identificar, un aumento considerable comparado con los 52 mil registrados durante la visita del Comité en 2021. En dicho año, el organismo recibió testimonios sobre desapariciones atribuidas a fuerzas de seguridad federal, estatal y municipal, así como a empresas de seguridad privada y grupos delictivos actuando ante la inacción de las autoridades.
El informe detalla patrones específicos en cuatro estados donde se tomaron casos paradigmáticos: Coahuila, Nayarit, Veracruz y Jalisco, aunque también se señaló la prevalencia del problema en Nuevo León, Guanajuato, Tabasco, Morelos, Baja California y Estado de México. En el caso de Coahuila, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) documentó “prácticas sistemáticas” de desapariciones forzadas entre 2006 y 2016, identificando colusión entre autoridades de los tres niveles de gobierno.
Las investigaciones revelaron que entre 2009 y 2012 fuerzas policiales de Coahuila secuestraron víctimas para entregarlas al cártel de los Zetas, mientras que de 2012 a 2016 autoridades estatales ejecutaron desapariciones directamente a través de fuerzas especiales como GATE, GATEM, Fuerza Élite y GROM. Asimismo, se destacó el uso, “en ocasiones”, de recursos públicos como vehículos e instalaciones oficiales para la comisión de estos crímenes. El CED recordó que los Estados son responsables de las desapariciones realizadas por servidores públicos o por grupos criminales bajo la aquiescencia de la autoridad.
Como parte de su visita en 2021, el Comité emitió 84 recomendaciones al gobierno mexicano. Sin embargo, en 2023 insistió en la deficiencia en la judicialización, la persecución penal y el uso limitado de investigaciones de campo y medios de prueba científicos. Con la activación del Artículo 34, el Comité busca que la Asamblea General adopte medidas para apoyar a México en la prevención, investigación, sanción y erradicación de las desapariciones forzadas.
Frente a estas señalamientos, la presidenta Claudia Sheinbaum y su gobierno han declarado que el informe no tomó en cuenta las observaciones y actualizaciones presentadas desde 2019. Por su parte, el canciller Roberto Velasco afirmó que el Comité hacía referencia al estatuto de Roma, redefiniendo el concepto de desaparición forzada. Mientras tanto, el gobierno federal dio a conocer el 3 de abril de 2026 una revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas con una nueva clasificación de casos, planteando que las desapariciones se dieron en periodos anteriores asociados a violencia criminal y que ahora existen marcos legales y comisiones de búsqueda para mejorar la situación.
