Torreón, 30 de marzo de 2026.- La ejecución simultánea de diversas obras de infraestructura ha complicado la movilidad en diferentes puntos de la ciudad, afectando principalmente vialidades como el bulevar Independencia y la calzada Abastos, donde se construye un sistema vial con un avance cercano al 50 por ciento.
Los trabajos en estas dos arterias tienen como fecha de terminación noviembre de 2026. Actualmente, el paso por el Nudo Mixteco permanece cerrado.
Otra obra en proceso es el Sistema Vial Revolución-Vasconcelos, que registra cierres parciales de circulación en sentido de oriente a poniente, con un plazo establecido de 18 meses para su conclusión.
Paralelamente, el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Torreón lleva a cabo la sustitución de líneas de colectores sanitarios colapsados en vías como la calzada Paseo de la Rosita y la Saltillo 400.
Las obras en Paseo de la Rosita iniciaron a mediados de enero de 2026 y están proyectadas para un término de tres meses, con un 50 por ciento de avance según el gerente Roberto Escalante.
En otro tema, agrupaciones de abogados de la región lagunera condemnaron las declaraciones del magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Coahuila, Miguel Felipe Mery Ayup, quien señaló que algunos abogados prolongan los procesos legales de manera intencional para obtener mayores beneficios económicos.
El Colegio Regional de Abogados de La Laguna, A.C. emitió un manifiesto de inconformidad rechazando las expresiones del magistrado. En el documento, la organización indicó que “en los juzgados, particularmente en los familiares, la radicación de una demanda tarda de dos a cuatro meses”.
Exigieron “una rectificación pública y el establecimiento de un diálogo abierto para fortalecer la relación entre el Poder Judicial y la comunidad de abogados litigantes”.
El Colegio de Abogados de Torreón A.C. también condenó las afirmaciones de Miguel Mery Ayup, considerándolas vergonzosas, desatinadas e infundadas. Indicaron que sus manifestaciones “atentan contra la libertad de expresión” y pueden generar represalias contra quienes denuncien malas prácticas en los juzgados.
