Por Redacción
Ciudad de Mexico, 18 de marzo de 2026.- La administración del presidente Donald Trump intensificó su política migratoria con la construcción de un nuevo tramo de muro en la frontera con México y operativos internos que han dejado al menos una persona fallecida bajo custodia. Un solicitante de asilo afgano murió mientras estaba detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en medio de críticas por el trato a migrantes. Paralelamente, el gobierno estadounidense anunció una inversión de aproximadamente 4,500 millones de dólares para reforzar la frontera, incluyendo 230 millas de barrera, con un segmento clave entre El Paso, Texas, y Ciudad Juárez, Chihuahua.
El fallecido fue identificado como Mohammad Nazeer Paktiawal, quien presentó dificultades respiratorias la noche de su detención y murió posteriormente en un hospital de Minnesota. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó del incidente, pero la causa oficial de muerte aún se desconoce y está bajo investigación. Este caso se suma a la muerte de dos ciudadanos estadounidenses, Renée Nicole Good y Alex Jeffrey Pretti, durante protestas relacionadas con operativos migratorios en Minneapolis, según reportes.
En la frontera, las autoridades estadounidenses, bajo el mando del jefe de la Patrulla Fronteriza, Gregory M. Bovino, avanzan en la construcción de un muro de acero de 9 metros de altura. El proyecto, que busca cerrar un tramo de 110 kilómetros entre El Paso y Ciudad Juárez, forma parte de una estrategia de seguridad que incluye la participación del Comando Norte y Sur de EE.UU. para vigilancia y apoyo logístico.
La política migratoria de Trump también enfrenta cuestionamientos internos. En una audiencia congresional reciente, el secretario asistente Joseph M. Humire se reservó ante una pregunta sobre un posible despliegue militar durante las elecciones, mientras altos mandos militares, como el general Gregory M. Guillot y el teniente general Francis L. Donovan, afirmaron que no acatarían órdenes ilegales. Además, el jefe de la Patrulla Fronteriza, Gregory M. Bovino, fue retirado de su cargo, aunque no se especificó si su salida fue voluntaria o forzada.
Estas medidas se dan en un contexto donde cerca de 38.8 millones de personas de origen mexicano residen en Estados Unidos, una comunidad que observa con preocupación el endurecimiento de las políticas. Las acciones del gobierno estadounidense continúan generando tensión bilateral y debates sobre derechos humanos y seguridad nacional, mientras se esperan más detalles sobre las investigaciones de las muertes ocurridas bajo custodia.
