Por Redacción
Tijuana, 25 de agosto de 2026.- La crisis política en Morena se agudizó tras la reincorporación y posterior nueva solicitud de licencia del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como por el anuncio del senador Enrique Inzunza de regresar físicamente al Legislativo, movimientos realizados sin consenso con la dirigencia nacional ni el bloque oficialista.
El 21 de agosto, Rubén Rocha Moya reasumió la gubernatura tras mantenerse separado del cargo por más de 100 días, luego de ser acusado en Estados Unidos de actividades relacionadas con el narcotráfico. La Secretaría de Gobernación estableció que esta reincorporación respondió a una decisión de carácter personal. El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, presidido por Ariadna Montiel Reyes, informó que no tuvo previo conocimiento de la determinación y se deslindó de la misma: “Por lo anterior Morena se deslinda de esta decisión”.
Tanto la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones como el Grupo Parlamentario de Morena en el Senado sostuvieron que la acción de Rocha no fue consensuada con representantes del partido. Además, 23 gobernadores emanados de la Cuarta Transformación, incluida Marina del Pilar Ávila Olmeda, de Baja California, cuestionaron el proceder del político sinaloense. Ante este escenario, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que el interés personal no podía imponerse a los intereses del pueblo y de la nación. Como resultado, Rocha Moya solicitó nuevamente licencia el 22 de agosto: “Por así considerarlo pertinente me presento ante este Honorable Poder Legislativo para efecto de solicitar licencia temporal con carácter indefinido, por más de 30 días”.
En medio de la controversia, Alfredo Álvarez Cárdenas, aspirante de Morena a coordinador estatal en Baja California, descartó que el deslinde partidista perjudique al instituto político. En declaraciones a Semanario ZETA este lunes 24 de agosto en Tijuana, afirmó: “El problema no es cuando hay un político, un colaborador, digamos, indeseable. El problema es cuando no se toman las medidas para corregir ese mal”. Sobre la actuación de la mandataria, agregó: “Me parece que la presidenta las tomó a tiempo y en forma… sino la manera en que la presidenta enfrentó el tema con el interés que tomó la decisión y el resultado final, que fue la separación por segunda ocasión”.
Paralelamente, Enrique Inzunza anunció que el próximo 30 de agosto dejará el encierro y ocupará físicamente su escaño en el Senado, del cual se ha mantenido alejado por más de 100 días, coincidiendo con la plenaria de la bancada de Morena para definir la agenda legislativa. Sin embargo, en el bloque oficialista, integrado por Morena, PT y PVEM, no han respaldado el anuncio. Legisladores del oficialismo indicaron que Inzunza no cuenta con el apoyo del coordinador de la bancada, Ignacio Mier, ni con el de la presidenta Sheinbaum.
Tanto Inzunza como Rocha Moya quedaron en un limbo jurídico desde que el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó su captura y extradición por presuntos vínculos con una facción del Cartel de Sinaloa. La Fiscalía General de la República mantiene carpetas de investigación abiertas en su contra, aunque solo han sido citados a comparecer una ocasión, en mayo. Inzunza ha conservado su fuero constitucional, inmunidad y sueldo íntegro, salvo por 22 horas de licencia pedidas en mayo. Su presencia pública ha sido mínima: una reunión con Javier Corral en Culiacán en mayo y su ingreso reciente al Palacio de Gobierno para reunirse con Rocha Moya.
