Ciudad De México, 04 de abril de 2026.- La industria minera mexicana observa una oportunidad para reactivar la exploración ante la necesidad de Estados Unidos de minerales críticos, aunque el gobierno mantiene restricciones tras recuperar concesiones por incumplimientos. En febrero de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum ordenó recuperar 1.126 concesiones en 889.512 hectáreas.
Estados Unidos y México firmaron en febrero de 2026 un plan de acción para evaluar vías de colaboración en la producción y comercialización de materias primas fundamentales. Previo a esto, Estados Unidos anunció en agosto un acuerdo de cooperación con las Islas Cook para explorar la minería de aguas profundas de nódulos polimetálicos.
Yaxa Michel, presidenta de la Asociación Mexicana de Minerales Críticos, señaló que hay una sección del mar cercana a México que también podría tener nódulos polimetálicos. Sobre el panorama de inversión, Michel mencionó: “Nos hemos dado cuenta de que el tema de la inversión es muy complicado. Podemos decir que sí hay inversión en lo que ya existe, los minerales clásicos como plata y cobre, pero no tanto en cosas nuevas”.
México dejó de otorgar concesiones mineras desde 2019. Durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador, la superficie concesionada se redujo en 20%, hasta unas 16,8 millones de hectáreas. Pedro Rivero declaró: “Estamos en una posición en la que creemos posible que se vuelvan a otorgar concesiones mineras para volver a la exploración, que se ha reducido de forma importante en los últimos años”.
Rivero agregó respecto a la revisión gubernamental: “Este es el inicio de toda nuestra actividad. El Gobierno estaba un poco preocupado por la cantidad de área que se ocupaba, porque había información fragmentada sobre realmente cuánto estaba concesionado. El esfuerzo que hizo el Gobierno federal ha servido para poder medir realmente cuánto hay, quién lo tiene, cuánto se está pagando en derechos (…) Hay mucha más claridad”.
Persisten conflictos ambientales y arbitrajes. El conflicto con la empresa Vulcan Materials y el gobierno mexicano se remonta a 2018, cuando la Profepa clausuró parcialmente la mina de piedra caliza en Quintana Roo. Vulcan Materials inició un arbitraje internacional contra México en 2019 en el marco del TLCAN para reclamar 500 millones de dólares.
En 2024, un decreto declaró la zona área natural protegida, lo cual impidió definitivamente la minería en el predio. Según la Semarnat, el ‘costo social’ para restaurar la zona impactada por la explotación de Calica ascendía a 34 mil 650 millones 986 mil 364 pesos hasta noviembre de 2022.
Yaxa Michel concluyó sobre el contexto geopolítico: “Tendríamos que voltear y ver las posibilidades que está abriendo el juego geopolítico actual para México. Si se impulsa toda la cadena de suministro, particularmente en el área de procesamiento, que es en donde China acapara la transformación en muchísimos minerales que son muy relevantes para nuestro vecino del norte”.
