Por Redacción:
Ciudad de México.- El Gobierno de Estados Unidos informó que ha incautado activos por un valor superior a 700 millones de dólares relacionados con Nicolás Maduro y su círculo más cercano. La fiscal general Pam Bondi detalló que entre los bienes bajo decomiso figuran dos aviones privados, múltiples residencias —incluida una mansión en República Dominicana y casas en Florida—, una granja de caballos, nueve vehículos, joyería de alto valor y efectivo. La cifra y el inventario fueron difundidos en medios internacionales y replicados por prensa latinoamericana en las últimas horas.
Bondi enmarcó las acciones en una estrategia contra el crimen organizado transnacional, al afirmar que lo vinculado a Maduro “no es distinto a la mafia”. En entrevistas y apariciones públicas, la fiscal señaló que el Departamento de Justicia (DOJ) ya supera los 700 millones de dólares en activos incautados y recordó que la recompensa por información que conduzca a la detención del líder venezolano se elevó a 50 millones de dólares el 7 de agosto. Diversas coberturas corroboran ambas afirmaciones.
Más allá del acumulado, existen hechos verificables recientes de esa ofensiva patrimonial. En marzo de 2025, el DOJ presentó una demanda de decomiso civil contra un Dassault Falcon 900EX (matrícula T7-ESPRT), que —según el expediente— fue adquirido y operado en beneficio de Maduro en violación a sanciones y controles de exportación de EE. UU.; el caso se litiga en la Corte del Distrito Sur de Florida. En septiembre de 2024, el avión fue asegurado en República Dominicana y trasladado a Florida, hecho documentado por prensa internacional y fotografías oficiales.
El anuncio también coincide con un endurecimiento sancionatorio: el Departamento del Tesoro (OFAC) amplió en julio las medidas contra el Cartel de los Soles, al describir su apoyo material a Tren de Aragua y al Cártel de Sinaloa, y enmarcó esas redes en delitos que van de tráfico de drogas a lavado y trata. Ese frente financiero se complementa con los procesos de decomiso civil y penal del DOJ.
Desde Caracas, el Gobierno venezolano ha rechazado sistemáticamente estas acciones y, en el caso del secuestro del Falcon 900EX, las calificó como “piratería”. En paralelo, medios de Miami y de Europa han enumerado propiedades intervenidas (mansiones y residencias), vehículos y activos en efectivo dentro y fuera de EE. UU.; aunque algunas localizaciones concretas —como Cap Cana, en República Dominicana— han sido citadas por prensa local, su atribución legal directa a Maduro o a sus presuntos testaferros dependerá del curso de los juicios de decomiso.
Qué significa “incautación” en estos casos. En la práctica, EE. UU. utiliza demandas de forfeiture (decomiso) para congelar y tomar posesión provisional de bienes vinculados a delitos o sanciones; luego, un juez decide si el Estado consolida ese decomiso o si terceros reclaman el bien. Es un procedimiento distinto —y paralelo— a sanciones financieras de OFAC. La cifra de 700 millones reportada por Bondi agrega incautaciones de distintos expedientes abiertos contra la red de Maduro y sus aliados.
Próximos pasos. Para esta semana, se espera que las cortes federales en Florida y otras jurisdicciones avancen en audiencias procesales de los casos en curso; al mismo tiempo, el Tesoro mantiene actualizaciones del programa de sanciones a Venezuela. El Gobierno de Maduro ha anticipado que impugnará las incautaciones y que denunciará a Washington en foros internacionales, mientras continúa la pugna por el control y la titularidad de activos en el exterior.
