Por Redacción
Ciudad De México, 19 de marzo de 2026.- La crisis en el sistema de justicia penal mexicano alcanzó niveles críticos este 2026, evidenciada por una impunidad estructural que deja solo 10.55% de los delitos con resolución efectiva y una ola de violencia que cobró la vida de 82 policías entre enero y el 10 de marzo, según revelaron este día organizaciones civiles especializadas en monitoreo.
El estudio ‘Radiografía de la Impunidad en México: Hallazgos del Sistema de Justicia Penal 2024’, presentado por México Evalúa con base en datos del INEGI, demuestra que aunque 93.8% de las denuncias derivan en la apertura de una carpeta de investigación, el proceso se desmorona rápidamente: únicamente 6.28% de los casos logran llegar a una acción penal concreta, dejando a la vasta mayoría de las víctimas sin acceso a la justicia.
La desconfianza en las instituciones ha generado un silencio social alarmante en ciertas regiones del país. En estados como Coahuila y Durango, la cifra negra de delitos es abrumadora, registrándose que 90.7% y 92.6% de los ilícitos respectivamente no fueron denunciados ante las autoridades, lo que perpetúa el ciclo de invisibilidad del crimen organizado y la delincuencia común.
Paralelamente a la ineficacia judicial, la seguridad de los operadores del sistema se ha deteriorado severamente. La organización Causa en Común reportó que, en los primeros dos meses y medio del año, 82 elementos policiales fueron asesinados en ejercicio de sus funciones, una cifra que subraya la vulnerabilidad extrema de las corporaciones de seguridad frente a grupos criminales y la falta de protección estatal efectiva.
Estos hallazgos configuran un escenario donde la impunidad actúa como catalizador de la violencia, pues la certeza de no ser castigado incentiva la comisión de nuevos delitos mientras las fuerzas de seguridad son diezmadas sin que el sistema judicial logre procesar a los responsables intelectuales o materiales de estos ataques.
Ante este panorama, expertos en seguridad pública y derechos humanos exigen una reforma integral que no solo se centre en la persecución del delito, sino en la reconstrucción de la confianza ciudadana y la protección real de los servidores públicos,warning de que sin cambios estructurales inmediatos, el colapso del sistema de justicia podría devenir en ingobernabilidad en las zonas más afectadas por la cifra negra y la violencia letal.
