Los Cabos, 24 de marzo de 2026.- El hallazgo de cuatro fosas clandestinas en La Paz y la desaparición de Juan Luis Chico Torres, de 29 años, detonaron protestas que culminaron con un bloqueo en la tarde del 23 de marzo en el aeropuerto internacional de Los Cabos. Familiares, amigos y miembros del colectivo Búsqueda X La Paz realizaron la manifestación para exigir acciones concretas a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Baja California Sur, la Fiscalía de desaparecidos y la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), autoridades a las que señalan de inacción ante la crisis de violencia en la región.
El descubrimiento de los entierros ilegales ocurrió el 22 de marzo en La Paz, sumándose a un historial documentado por el colectivo ciudadano Búsqueda X La Paz, que ha localizado más de 120 osamentas en años anteriores. La mayoría de estos hallazgos se concentran en la carretera que conecta La Paz con San Juan de la Costa, zona que ha sido descrita por los buscadores como el cementerio clandestino más grande asociado al narcotráfico en el estado.
La movilización en el terminal aéreo de Los Cabos tuvo como eje central la demanda de información sobre el paradero de Juan Luis Chico Torres, cuyo caso se mantiene sin esclarecer. Los manifestantes interrumpieron las operaciones del aeropuerto para visibilizar la impunidad que rodea a los delitos de desaparición forzada y hallazgo de restos humanos, presionando a las instituciones gubernamentales para que inicien pericias y investigaciones con celeridad.
A pesar de la presión social, persisten incertidumbres sobre los detalles operativos del bloqueo, ya que no se ha confirmado oficialmente la hora exacta del inicio de la protesta ni el número preciso de participantes que se sumaron a la acción directa. Asimismo, las autoridades no han emitido un comunicado que detalle los avances concretos de la PGJE respecto a la desaparición del joven ni los resultados específicos de las pericias forenses en las cuatro fosas descubiertas recientemente.
La falta de confirmación oficial sobre el vínculo entre las nuevas fosas y actividades delictivas específicas mantiene a la población en un estado de alerta. El colectivo Búsqueda X La Paz continúa realizando labores de rastreo en zonas de riesgo, mientras que las familias de las víctimas aguardan respuestas institucionales que permitan esclarecer los hechos y entregar justicia en un contexto marcado por la violencia organizada.
Este episodio refleja la tensión creciente entre la sociedad civil organizada y las instancias de seguridad y justicia en Baja California Sur, donde la recurrencia de hallazgos de restos humanos y la desaparición de ciudadanos han puesto en evidencia la necesidad de estrategias más efectivas para combatir la impunidad y garantizar el derecho a la verdad para las víctimas.
