Por Redacción
Ciudad De México, 23 de marzo de 2026.- El gobierno federal anunció este lunes el desmantelamiento de la mayoría de las empresas filiales de Petróleos Mexicanos (Pemex), medida que busca consolidar a la petrolera estatal como una sola entidad bajo control público y con reglas estrictas de transparencia. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que únicamente se mantendrán dos filiales de un número total que no fue especificado en el comunicado oficial.
La decisión se enmarca en la reforma energética impulsada por la administración federal y tiene como objetivos declarados combatir la opacidad y reducir los riesgos de corrupción. Según el contexto proporcionado por el gobierno, las filiales existentes permitían contrataciones fuera de los mecanismos tradicionales de supervisión, lo que generaba vulnerabilidades en la gestión de recursos.
Entre las empresas mencionadas en el proceso están PMI Comercio Internacional y Fertinal, aunque la investigación no detalla si estas serán de las que se conserven o de las que serán eliminadas. Tampoco se precisó el nombre específico de las dos subsidiarias que continuarán operando ni el cronograma detallado para llevar a cabo la eliminación del resto.
El ejecutivo federal indicó que el cierre de estas empresas requerirá procesos legales necesarios para su disolución formal. Sin embargo, no se ofrecieron detalles sobre la naturaleza de dichos trámites ni sobre el impacto financiero y operativo estimado que tendrá esta reestructuración en la petrolera.
Esta acción representa un cambio significativo en la estructura corporativa de Pemex, buscando centralizar la toma de decisiones y la vigilancia de los contratos bajo un esquema único. La medida responde a la política actual de fortalecer el control estatal sobre los hidrocarburos y eliminar intermediarios que puedan derivar en prácticas irregulares.
Hasta el momento, no se ha divulgado información adicional sobre el destino de los trabajadores de las filiales que serán desmanteladas ni los plazos exactos para la conclusión de los procesos legales requeridos. El gobierno mantiene la postura de que esta consolidación es vital para la salud financiera y la honestidad operativa de la empresa productiva del Estado.
