Por Redacción
La República, 17 de marzo de 2026.- El gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, envió al Senado de la República el denominado Plan B de la reforma electoral, una versión reducida de la iniciativa original que fue rechazada por sus aliados legislativos hace seis días. La nueva propuesta, negociada con los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM), se centra en establecer topes al presupuesto de los congresos estatales y modificar regidurías, con un ahorro proyectado de 4 mil millones de pesos anuales, según datos oficiales.
La iniciativa llega a la Cámara Alta tras el fracaso de la reforma integral que Morena impulsaba desde inicios de año, la cual fue bloqueada el 11 de marzo por PT y PVEM, quienes argumentaron que contenía elementos que podrían afectar la autonomía de los organismos electorales. El Plan B, presentado como un paquete de “austeridad republicana”, busca recuperar parte de la agenda del gobierno mediante puntos de consenso con sus socios políticos.
Uno de los ejes centrales de la propuesta es limitar el gasto de los congresos locales al 0.7% del presupuesto total de cada entidad federativa. Según cifras de la Secretaría de Gobernación, el presupuesto actual conjunto de estas legislaturas asciende a 18 mil 429 millones 929 mil pesos, por lo que la nueva regla generaría un ahorro cercano a los 4 mil millones de pesos. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ha sido la encargada de conducir las negociaciones con los partidos aliados.
El senador Manuel Velasco, coordinador del PVEM en el Senado, confirmó el apoyo de su bancada a la iniciativa revisada. “Hemos llegado a acuerdos en puntos fundamentales que benefician al país sin afectar la estructura democrática”, declaró. Por su parte, la presidenta Sheinbaum ha señalado que el Plan B mantiene la esencia de reducir privilegios en el ámbito público, aunque fuentes cercanas a las negociaciones indican que la propuesta final solo incluye dos de los puntos acordados: el tope presupuestal para congresos y ajustes en las regidurías municipales.
El envío de la iniciativa al Senado, y no al Congreso general, sugiere una estrategia legislativa que busca agilizar su discusión en una cámara donde Morena y sus aliados tienen una mayoría más consolidada. El contexto político inmediato está marcado por la necesidad del gobierno de demostrar avances en su agenda de austeridad tras el revés sufrido con la reforma original, en un año donde se anticipa el inicio de las precampañas para las elecciones intermedias de 2027.
