Ciudad De México, 07 de abril de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum redobló sus críticas al informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, el cual concluye que en México este delito se comete de manera sistemática y generalizada. La mandataria aseguró que “el Estado mexicano existe y no está rebasado” y negó que la crisis de desaparecidos en el país pueda constituir un crimen de lesa humanidad, afirmando que esta definición es “otra cosa” establecida por la ONU que no se adapta a la situación nacional.
El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU emitió un pronunciamiento señalando que los más de 132 mil casos de desaparecidos “podrían constituir crímenes de lesa humanidad”. El informe describe las desapariciones forzadas como “una crisis estructural” donde la carga de la búsqueda recae en las familias y no en el Estado, además de destacar una crisis forense con una estimación de 72,000 restos humanos sin identificar para inicios de 2026, cifra que ha crecido desde los 52,000 calculados en 2021.
En respuesta, Sheinbaum acusó al informe de estar “orientado” a “criticar” al Estado mexicano y advirtió un trasfondo político detrás de la intención del Comité de llevar el asunto a la Asamblea General de la ONU. La presidenta insistió en que las desapariciones son cometidas en su mayoría por organizaciones delincuenciales y no por el Estado, y calificó como errónea la clasificación de desaparición forzada utilizada en el documento. Por su parte, la cancillería de México calificó el informe de “tendencioso” por no considerar las medidas implementadas en los últimos años.
Funcionarios del gobierno federal y de Morena argumentaron que el análisis se basa únicamente en datos de periodos anteriores a 2018. Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, rectificó diciendo que “no se trata de un informe de la ONU, sino de un grupo de expertos que trabajan para ella” y señaló que el estudio “indebidamente no se toma en cuenta todas las acciones realizadas a partir de 2018 por la 4T”. Alcalde explicó que el gobierno realizó un cribado que arroja que solo un tercio de los registros (43,128) correspondería a personas desaparecidas, detectando señales de actividad posterior en más de 40,000 casos.
Sin embargo, el Comité de la ONU defendió su metodología. Juan Pablo Albán, presidente del Comité, señaló que el análisis examina “la evolución de la situación hasta la actualidad” y que su evaluación no se limita a un periodo específico, integrando información acumulada durante más de una década. El Comité subrayó que incorpora datos recientes, destacando las 28,880 desapariciones reportadas del 1 de enero de 2023 al 22 de abril de 2025, y documentó un agravamiento en estados como Guanajuato y Tabasco.
Ante el rechazo gubernamental, la diputada Laura Ballesteros exigió que Rosario Piedra renuncie a la CNDH por su deficiente actuación, acusándola de ejercer un papel protector del Estado. Ballesteros anunció que buscará iniciar un proceso de juicio político contra la titular de la comisión. Por otro lado, el diputado Elías Lixa acusó al gobierno federal de modificar la metodología para minimizar las desapariciones, stating: “No pueden esconder la realidad bajo un manto de mentiras”, y anunció acciones para exigir rendición de cuentas.
Mientras tanto, Sara Hernández, integrante del Comité ¡Eureka!, afirmó que la decisión de la ONU de llevar el caso a la Asamblea General es “muy importante” e “histórica”, sosteniendo que rechazar la determinación implicaría “un retroceso lamentable”. La Barra Mexicana de Abogados exhortó al Gobierno de México a atender las recomendaciones del Comité, haciendo un llamado a no descalificar la decisión y a aceptar la ayuda internacional.
