Ciudad De México, 03 de abril de 2026.- El gobierno de México rechazó el informe del Comité contra la Desaparición Forzada (CDF) de la ONU, calificándolo de ‘tendencioso y falto de rigor jurídico’. En respuesta, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED-ONU) anunció que solicitará remitir urgentemente el caso de México a la Asamblea General.
La decisión del CED se basa en información que ‘parece contener indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad’. No obstante, el organismo internacional subrayó ‘que no encontró pruebas de una política a nivel federal para cometer desapariciones forzadas’.
El gobierno mexicano refutó las acusaciones y sostuvo que ‘El gobierno de México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas’. Las autoridades señalaron que el informe omite los avances contra esa problemática que desde 2018 se trabajan.
Según el Ejecutivo, el informe del CDF abarca principalmente desapariciones entre 2009-2017, correspondiente a los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Además, indicaron que el documento se circunscribe a cuatro entidades del país: Coahuila, Nayarit, Veracruz y Jalisco.
El gobierno mexicano presentó su más reciente informe sobre el asunto, que registra 130,178 personas desaparecidas en México desde 2006. Las autoridades destacaron que en los párrafos 117 y 118 del informe de la ONU, el propio CDF reconoce que ‘no existen indicios fundados de una política federal para cometer ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil por acción u omisión’.
A pesar de no encontrar pruebas de una política federal, el CED advirtió que en algunos casos recibió ‘información fundamentada que apuntaba a la participación directa de funcionarios públicos, o a su autorización, apoyo o aquiescencia’.
