Por Redacción
Ciudad De México, 22 de marzo de 2026.- La crisis de violencia e inseguridad en tres estados del país dejó al descubierto este fin de semana la gravedad de la situación para las víctimas de desaparición forzada y desplazamiento interno. Mientras la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) de Sinaloa denunció la muerte de ocho personas desplazadas que intentaron regresar a sus comunidades sin acatar protocolos de seguridad, la Fiscalía General del Estado de Morelos confirmó el reinicio de exhumaciones en una fosa común de Jojutla. Simultáneamente, en Coahuila, autoridades emitieron una alerta por la desaparición de una adolescente de 14 años y familiares de policías desaparecidos exigieron avances en sus investigaciones.
En Sinaloa, Óscar Loza Ochoa, presidente de la CEDH estatal, criticó severamente el manejo de los retornos de familias desplazadas, señalando que no se cumplen los protocolos establecidos para garantizar su seguridad. El funcionario denunció que ocho desplazados han perdido la vida al volver a sus hogares, lo que evidencia la persistencia de la violencia en las zonas de origen. A esto se suma el caso de Mauricio Vázquez Cruz, un joven mixteco de 21 años desaparecido desde el 20 de diciembre de 2025 en Navolato; su madre, Elena Cruz Ramírez, denunció la falta de avances y apoyo por parte de las autoridades para localizarlo.
Por otro lado, en Morelos, Fernando Blumenkron, fiscal general del Estado, confirmó que a partir del lunes 23 de marzo se iniciarán formalmente los trabajos de exhumación en la fosa común ubicada en el panteón de la comunidad de Pedro Amaro, en Jojutla. Esta acción busca dar respuesta a las familias que esperan identificar a sus seres queridos en una zona que ha sido foco de hallazgos forenses en el pasado.
En Coahuila, la Fiscalía de Personas Desaparecidas emitió una alerta para localizar a Natali Camila Sánchez Cisneros, de 14 años, quien desapareció el 20 de marzo en Saltillo. Paralelamente, el colectivo Familias por Policías Municipales Desaparecidos, representado legalmente por Cristian Eduardo Castro Cigala, solicitó integrarse a las plenarias estatales para discutir sus casos. Los representantes fueron informados de que su petición se encuentra actualmente en la Comisión Estatal de Derechos Humanos a la espera de un visto bueno.
Entre los casos de larga data que mantienen la presión sobre las instituciones, Luz Flores Peña, madre del policía municipal Julio Villagrana Flores, relató que su hijo desapareció hace 15 años tras ser arrestado por autoridades policiales en Torreón. La madre expresó su frustración debido a que el expediente de investigación no presenta avances significativos, manteniendo la incertidumbre para la familia tras más de una década de espera.
Estos eventos reflejan la complejidad de la crisis humanitaria en México, donde la búsqueda de personas desaparecidas, la protección de poblaciones desplazadas y la aplicación de justicia forense continúan siendo desafíos urgentes para las autoridades federales y estatales. Las familias afectadas mantienen su exigencia de verdad y justicia ante la lentitud de los procesos institucionales.
