Ciudad De México, 28 de mayo de 2026.- La Fiscalía Capitalina separó de sus cargos a tres funcionarios debido a omisiones y conductas de corrupción durante la investigación del feminicidio de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, joven de 21 años hallada muerta el 17 de abril en un edificio de la alcaldía Benito Juárez. La fiscal Bertha Alcalde Luján admitió un retraso “injustificable” de 15 horas en la reacción de la institución, a pesar de contar con datos precisos sobre el paradero de la víctima.
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, confirmó que los funcionarios removidos incluyen a un ministerio público que no proporcionó información sobre el domicilio, un policía de investigación señalado por presuntamente solicitar dinero para acelerar la búsqueda y un segundo elemento del turno siguiente que no realizó la visita a la dirección indicada. “Yo sé que ya hay tres personas que fueron retiradas de sus cargos y que está una investigación al respecto. No podemos permitir que haya funcionarios que actúen de esta manera”, declaró Brugada.
Los familiares reportaron a Edith Guadalupe como desaparecida el 15 de abril, tras perder contacto cuando se dirigía a una entrevista de trabajo. La familia acudió al Ministerio Público con la última ubicación compartida por la víctima y material de cámaras de seguridad obtenido mediante un investigador privado. Sin embargo, personal de la Fiscalía de Desaparecidos les pidió esperar 72 horas para abrir la carpeta de investigación, un requisito contrario a la ley, además de solicitar dinero para iniciar las indagatorias.
La fiscal Bertha Alcalde Luján reconoció la gravedad de los hechos: “Implicó una dilación de 15 horas desde que se contaba con ese dato específico, lo que no se justifica de ninguna manera y será sancionado”. Agregó que “es indignante que una familia haya señalado con precisión desde un primer momento y no se haya actuado con la inmediatez que se requería”. Alcalde advirtió que solicitar dinero a las víctimas es una conducta inaceptable y que se investigará si los funcionarios obstaculizaron el proceso.
Las autoridades llegaron finalmente al edificio de Avenida Revolución 829 hasta las 20:30 horas del 16 de abril, pero no pudieron ingresar de inmediato debido a que la administradora del complejo negó el acceso y afirmó que Edith no había entrado al inmueble. Se investiga también la posible obstrucción de la justicia por parte de dicha administradora y del vigilante, quienes ya se encuentran declarando sobre el feminicidio y se negaron inicialmente a facilitar las cámaras de seguridad.
Respecto a la causa de muerte, existen versiones distintas en las valoraciones preliminares. Mientras que la fiscalía informó que la víctima fue asesinada con un desarmador encontrado en la caseta de vigilancia, presentando heridas en el tórax provocadas por dicho objeto, otras valoraciones médicas iniciales indican que el cuerpo presentaba golpes muy fuertes como probable causa del deceso. La necropsia servirá para confirmar la hipótesis definitiva y determinar la hora más aproximada de la muerte.
Sobre el avance del caso, Clara Brugada aseguró: “De ninguna manera va a quedar este caso impune. Sabemos que ya hay un detenido y que se están investigando todos los puntos”. La fiscalía mantiene la investigación abierta para esclarecer todas las responsabilidades en este hecho.
