Por Redacción
Ciudad de Mexico, 15 de marzo de 2026.- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno dio a conocer que más de 100,000 extrabajadores del Estado reciben pensiones superiores al salario de la presidenta, incluyendo a cuatro exfuncionarios que perciben más de un millón de pesos mensuales cada uno. Este escándalo de las pensiones “doradas” emerge en paralelo a una controversia electoral en Coahuila, donde aspirantes de Morena son señalados por adelantar campañas con espectaculares, violando un acuerdo interno del partido.
Según los datos oficiales, los cuatro jubilados con pensiones más elevadas son Jorge Evodio Chapa de la Torre, con 1,077,000 pesos; Edgar Velázquez y Kenneth Sydney Smith, con 1,037,000 pesos cada uno; y Carlos Arturo Sánchez Magaña, con 1,107,000 pesos al mes. En total, 21 personas reciben entre 987,000 y 181,000 pesos mensuales. El gasto total anual en pensiones de empresas estatales y banca de desarrollo supera los 94,000 millones de pesos.
La revelación contrasta con el debate sobre el uso de recursos en procesos políticos internos. En Coahuila, el Partido Acción Nacional (PAN) presentó una impugnación ante el Instituto Electoral local por la presencia de espectaculares de aspirantes a la coordinación estatal de Morena, una práctica que el Consejo Nacional del partido oficialista prohibió el pasado 7 de marzo. El presidente del Instituto Electoral de Coahuila, Oscar Daniel Rodríguez Fuentes, confirmó el inicio del procedimiento correspondiente.
El senador morenista Gerardo Fernández Noroña reconoció que la colocación de propaganda en espectaculares es una práctica recurrente en los procesos internos del partido, aunque restó importancia a la polémica y defendió la legalidad de los mismos. Esta postura genera una contradicción evidente con la normativa interna de Morena y con las acusaciones de columnistas y medios, como el semanario ZETA, que señalan a los aspirantes de violar los reglamentos al adelantar campañas.
En el ámbito de la coalición gubernamental, se desarrollan negociaciones internas entre Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para alcanzar un acuerdo de unidad y definir lo que han llamado un “plan B” electoral, cuyos detalles completos aún no han sido revelados públicamente. El coordinador de los senadores morenistas, Ignacio Mier, es una de las figuras clave en estos diálogos.
El panorama político se complejiza con la solicitud del PAN al Instituto Nacional Electoral para que utilice tecnología de geolocalización y verifique la legalidad de los espectaculares de Morena en todo el país, una petición que aún no ha recibido una respuesta formal. Mientras tanto, la discusión pública sobre las pensiones millonarias de exfuncionarios pone en evidencia un sistema de privilegios heredado, en un momento donde la austeridad republicana es uno de los pilares discursivos del gobierno.
El escándalo de las pensiones y la polémica por los espectaculares ocurren en un contexto preelectoral marcado por las tensiones internas dentro de la coalición gobernante y las críticas de la oposición, que buscan capitalizar estos temas para cuestionar la transparencia y el apego a la ley del partido en el poder.
