Por Redacción
Ciudad de Mexico, 18 de marzo de 2026.- El Congreso de El Salvador aprobó este martes una reforma constitucional que habilita la cadena perpetua en el país, una medida impulsada por el presidente Nayib Bukele y su partido Nuevas Ideas, y que revierte una prohibición histórica en la Constitución. La modificación al artículo 27 fue respaldada por 61 diputados, incluyendo a 59 oficialistas y aliados, así como a dos legisladores de oposición, en una sesión de la Asamblea Legislativa. La iniciativa se enmarca dentro de la política de seguridad del gobierno, que mantiene un régimen de excepción desde hace cuatro años, y ha sido señalada por organizaciones internacionales en el contexto de presuntas violaciones a derechos humanos.
El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, defendió la reforma calificando las acciones de su gobierno como “irreversibles” en la lucha contra la criminalidad. Por su parte, el presidente Bukele ha presentado esta y otras medidas de mano dura como necesarias para garantizar la seguridad en un país históricamente afectado por la violencia de las pandillas. La oposición política salvadoreña no ha emitido una reacción unificada frente a la votación, aunque dos de sus diputados apoyaron la iniciativa.
La aprobación legislativa se produce días después de que el Grupo Internacional de Expertas y Expertos (GIPES) vinculó las políticas de seguridad del ejecutivo salvadoreño con posibles crímenes de lesa humanidad cometidos durante el prolongado estado de excepción. Este informe internacional contrasta con la narrativa oficial que presenta la cadena perpetua como una herramienta legal y legítima dentro del marco de la justicia.
La reforma requiere ahora de otros trámites constitucionales para su entrada en vigor definitiva, los cuales no fueron detallados de inmediato por las autoridades. Anteriormente, la Constitución de El Salvador establecía de manera expresa la prohibición de penas perpetuas, por lo que este cambio representa una transformación significativa en el sistema penal del país centroamericano.
El debate sobre la cadena perpetua en El Salvador se sitúa en la encrucijada entre la demanda ciudadana de seguridad y las advertencias de organismos defensores de derechos humanos sobre el endurecimiento extremo de las penas y sus implicaciones. La medida fortalece el perfil de Bukele como líder de una política de seguridad sin concesiones, un sello que ha definido su administración y que ha resonado en parte de la población, aun frente a crecientes cuestionamientos externos sobre el estado de derecho.
