Por Redacción
Ciudad de Mexico, 18 de marzo de 2026.- La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este martes una reforma constitucional que permite la cadena perpetua, rompiendo con una prohibición histórica en la Carta Magna del país centroamericano. La iniciativa del gobierno de Nayib Bukele, respaldada por 59 votos a favor y solo uno en contra, fue impulsada como parte de la estrategia de seguridad contra pandillas y crimen organizado.
La reforma fue presentada con 57 firmas de diputados, diez más de las requeridas, y contó con el respaldo casi unánime del oficialista partido Nuevas Ideas, que controla la cámara con 60 escaños. Según fuentes legislativas, el proceso se desarrolló de manera rápida y sin estudio o debate previo, reflejando el amplio control del gobierno en el poder legislativo.
El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, y la diputada Suecy Callejas del partido oficialista fueron algunos de los principales promotores de la medida. El presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, dirigió la sesión donde se concretó la votación que modifica un artículo fundamental de la Constitución salvadoreña.
La aprobación se da en el contexto de un estado de excepción vigente desde marzo de 2022, que ha sido prorrogado continuamente por el gobierno de Bukele como parte de su ofensiva contra la criminalidad. Esta medida representa un cambio radical en la política penal del país, que tradicionalmente había mantenido límites a las penas máximas de prisión.
Según reportes periodísticos, incluso dos diputados de oposición habrían votado a favor de la reforma, aunque no se especificó su identidad. Tampoco se conoce el nombre del único legislador que votó en contra de la iniciativa.
Para que la reforma entre en vigencia, requiere una ratificación en una futura sesión plenaria, cuya fecha concreta aún no ha sido anunciada. La medida forma parte de lo que algunas fuentes describen como un “paquete amplio de reformas” a otras leyes relacionadas con el sistema de justicia penal.
Esta decisión coloca a El Salvador en una posición única en la región centroamericana respecto al endurecimiento de penas, en un momento donde el gobierno busca consolidar su estrategia de mano dura contra la delincuencia organizada tras cuatro años de estado de excepción continuo.
