San Luis Potosí, 29 de mayo de 2026.- Dos comunicadoras fueron detenidas y encarceladas la semana pasada por el delito de uso indebido de inteligencia artificial para provocar alarma social, en aplicación de una reforma al código penal local aprobada en noviembre de 2025. Un documento de la Fiscalía señala además a otras nueve personas, entre activistas, periodistas, defensores de derechos humanos y gestores de plataformas digitales.
El antecedente inmediato de esta legislación fue la difusión, el 16 de octubre de 2025, de un video donde un supuesto comandante del Cartel del Golfo acusaba al gobernador Ricardo Gallardo y a la Guardia Civil Estatal de colaborar con el Cartel Jalisco Nueva Generación. Gallardo negó los hechos y afirmó que el material fue creado con inteligencia artificial, calificándolo como un “delito grave” y asegurando que “no era un juego”.
Un mes después de ese evento, el Congreso de San Luis Potosí reformó su código penal para sancionar específicamente el uso indebido de esta tecnología. Jan-Albert Hoosten, director del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) en México, advirtió que lo que ocurre en la entidad es “uno de los precedentes más peligrosos para el periodismo mexicano de los últimos tiempos” y señaló que “todos los que aparecen ahí tienen en común que han sido muy críticos con el gobernador Ricardo Gallardo”.
Entre las personas señaladas en la lista de la Fiscalía se encuentra la activista e integrante de Morena Roxana Herrera, quien calificó las acciones como una “persecución política” destinada a “callar las voces críticas con el actual Gobierno del Estado”. Herrera añadió que “ya hay un ambiente de miedo”. Por su parte, dos periodistas de la entidad identifican esto como un golpe a una libertad de expresión ya atacada, donde conviven con el “temor” de ser señalados, desprestigiados, despedidos o intimidados por escribir contra el gobierno de Gallardo.
La periodista Anahí Torres, también incluida en la lista, pidió ayuda el año pasado a Claudia Sheinbaum. Una periodista entrevistada comentó que “la violencia política que traen las elecciones se está viendo desde ahorita” y describió la situación actual como “la culminación de” este proceso. San Luis Potosí es la única entidad del país gobernada por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Gallardo tiene la intención de situar a su esposa, la senadora Ruth González Silva, como su sucesora en las elecciones de 2027. El Gobierno de San Luis Potosí no ha respondido a las preguntas del periódico EL PAÍS.
