Por Redacción
Ciudad de Mexico, 19 de marzo de 2026.- Un derrumbe durante una demolición en la colonia San Antonio Abad, alcaldía Cuauhtémoc, el pasado 9 de marzo, provocó la muerte de tres trabajadores y dejó un sobreviviente, quien ahora ha iniciado una demanda civil por daños contra la empresa responsable y la propia alcaldía. El incidente ha desatado una disputa entre el gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía por las responsabilidades en la supervisión de estas obras, mientras el PAN capitalino defiende la gestión de la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega.
El sobreviviente, identificado como Ángel Miranda, interpuso una demanda a través del despacho Vega Mac Gregor Arellano, argumentando que la empresa encargada de la demolición operaba sin la póliza de responsabilidad civil vigente y que la alcaldía fue negligente al no verificar las condiciones de seguridad. El siniestro ocurrió en el inmueble ubicado en San Antonio Abad 124.
La controversia política se centra en la atribución de responsabilidades. La alcaldesa Rojo de la Vega ha señalado que, desde octubre de 2025 hasta marzo de 2026, su administración envió 456 solicitudes de inspección al Gobierno capitalino para verificar 17 inmuebles en proceso de demolición considerados de riesgo, sin haber recibido respuesta. Por su parte, Luisa Gutiérrez, dirigente del PAN en la CDMX, respaldó a la alcaldesa y acusó al gobierno central de omisión, generando un conflicto de atribuciones sobre quién debe supervisar estas obras.
El caso también ha revelado contradicciones en la aplicación del llamado ‘Acuerdo de Facilidades’, el cual, según versiones, podría haber limitado la capacidad de supervisión directa de la alcaldía sobre las demoliciones, trasladando esa facultad al gobierno central. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) mantiene una investigación abierta para determinar las causas precisas del derrumbe y posibles responsabilidades penales.
Mientras tanto, la identidad de los tres trabajadores fallecidos y el nombre de la empresa contratista no han sido revelados oficialmente. Tampoco se conoce el estado de salud actual de Ángel Miranda. El desenlace de la demanda civil y los resultados de la investigación ministerial marcarán el siguiente capítulo en este caso que ha puesto al descubierto fallas en los protocolos de seguridad para demoliciones en la capital.
