Por Redacción
Nueva York, 20 de marzo de 2026.- Los abogados Barry Pollack y Mark E. Donelly presentaron una declaración ante el tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York argumentando que sus clientes, Nicolás Maduro y Cilia Flores, carecen de recursos personales para financiar su defensa legal. La solicitud se basa en la imposibilidad de acceder a fondos debido a las sanciones económicas impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
En una declaración jurada, Maduro y Flores aseguraron no tener capacidad para costear a sus representantes legales y manifestaron su disposición a presentar pruebas financieras si el tribunal así lo requiere. La defensa sostiene que la OFAC no ha autorizado que el Gobierno de Venezuela pague los honorarios de los abogados, lo cual consideran una interferencia directa con su derecho constitucional a elegir su propia representación legal.
El equipo legal busca que se reconozca la necesidad de financiamiento externo para garantizar un debido proceso, dado que ambos enfrentan acusaciones formales por narcotráfico en este distrito judicial. La argumentación central de la defensa es que las restricciones financieras actuales, derivadas de las sanciones que EE.UU. mantiene contra Venezuela desde 2015, imposibilitan materialmente que los acusados asuman los costos de su litigio sin ayuda estatal.
Estados Unidos no reconoce a Nicolás Maduro como el presidente legítimo de Venezuela, lo que complica cualquier intento de transferencia de fondos oficiales para su defensa en territorio estadounidense. A pesar de ello, los abogados insisten en que la negativa de la OFAC para autorizar pagos gubernamentales vulnera las garantías procesales de sus representados dentro del sistema judicial federal.
La audiencia para revisar este y otros aspectos del caso está prevista para el 26 de marzo de 2026. Mientras se resuelve la cuestión del financiamiento, la defensa continúa trabajando en una moción para que el caso sea desestimado por alegadas irregularidades legales en el proceso. No se ha especificado el monto exacto requerido para la defensa ni los detalles concretos de las pruebas financieras que podrían ser sometidas al juez federal Alvin Hellerstein.
