Por Redacción
Ciudad De México, 19 de marzo de 2026.- La Secretaría de Gobernación (Segob) reconoció este jueves la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que declara la responsabilidad internacional del Estado mexicano por las violaciones a los derechos humanos sufridas por Ernestina Ascencio Rosario en 2007. El fallo, notificado previamente al gobierno federal, establece obligaciones de reparación integral y garantías de no repetición para las víctimas y sus familiares, marcando un precedente en la justicia interamericana.
La sentencia determina que el Estado mexicano vulneró los derechos a la vida, a la salud, a la integridad personal y a las garantías judiciales de la mujer indígena náhuatl, quien falleció en febrero de 2007 en la Sierra de Zongolica, Veracruz. Según el contexto del caso, las denuncias presentadas involucraban agresiones sexuales perpetradas por elementos del Ejército mexicano, hechos que ocurrieron en un escenario de militarización derivado de la estrategia de seguridad pública de aquella época.
El tribunal interamericano destacó la falta de perspectiva de género e interseccionalidad en la atención brindada a Ascencio Rosario, así como las barreras lingüísticas y culturales que impidieron un acceso adecuado a los servicios de salud y a la justicia. La investigación ministerial original fue cerrada de manera prematura sin agotar las líneas de indagación necesarias, lo que contribuyó a la impunidad y a la afectación de los derechos de los familiares de la víctima.
Como consecuencia del fallo, el Estado mexicano deberá implementar medidas de reparación integral que incluyen acciones médicas, psicológicas y educativas para los hijos e hijas de Ernestina Ascencio, además de realizar actos públicos de reconocimiento de responsabilidad. La Corte IDH también ordenó la adopción de medidas de no repetición orientadas a fortalecer el acceso a la justicia para mujeres indígenas y a eliminar estereotipos discriminatorios en las instituciones públicas.
Este caso representa uno de los más emblemáticos en la historia de los derechos humanos en México, dada la naturaleza de las violaciones imputadas y la condición de vulnerabilidad de la víctima. La ejecución de la sentencia será supervisada por la Corte IDH, quien verificará el cumplimiento puntual de cada punto resolutivo por parte de las autoridades federales y locales en los próximos meses.
La sociedad civil y organizaciones de derechos humanos han solicitado que el gobierno federal dé cumplimiento cabal a lo ordenado por el tribunal, enfatizando la necesidad de transformar las prácticas institucionales que derivaron en estas violaciones. El seguimiento del caso continuará bajo la vigilancia de los mecanismos del sistema interamericano para asegurar que las medidas ordenadas se traduzcan en cambios estructurales reales.
