Por Redacción
Ciudad De México, 21 de marzo de 2026.- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno realizó correcciones a seis registros de pensiones de Petróleos Mexicanos (Pemex) tras recibir datos complementarios de la empresa el 17 de marzo de 2026, consistentes en la reducción de los montos previamente reportados en el padrón publicado el 13 de marzo.
Los ajustes realizados incluyen la reducción de una pensión de 1,107,361.34 pesos a 201,961.34 pesos; otra de 987,978.50 pesos a 170,978.50 pesos; una más de 976,512.80 pesos a 160,512.80 pesos; una de 972,626.98 pesos a 155,626.98 pesos; una de 655,515.92 pesos a 170,915.92 pesos; y finalmente una de 500,052.60 pesos a 63,921 pesos.
Según informó la secretaría, las correcciones se efectuaron luego de recibir información complementaria de Pemex que generó ajustes significativos en los seis registros. Los involucrados en el proceso incluyen a Alejandro Valadez Urrutia, Mario Francisco Espinosa Estrada, Jorge Luis Talamantes Montoya, Salvador Quero García, Carlos Arturo Sánchez Magaña y Jorge Ernesto Moreno Tovar.
El periódico La Jornada reportó que la secretaría realizó una serie de correcciones al padrón de pensiones de Pemex luego de recibir información complementaria, confirmando que se realizaron ajustes en seis registros del padrón publicado el 13 de marzo.
Estas correcciones ocurren en medio de un debate público y legislativo sobre el tope a las pensiones públicas. En un análisis de opinión publicado en el Semanario ZETA, Guillermo Rivera Millán señaló que la reforma al artículo 127 constitucional que impone un tope a las pensiones públicas podría aplicarse retroactivamente, afectando derechos patrimoniales ya adquiridos y vulnerando el derecho humano de propiedad.
La investigación no especifica si estos ajustes son parte de una auditoría más amplia o un proceso de verificación rutinario, ni detalla el motivo específico por el cual Pemex proporcionó los datos complementarios que generaron correcciones tan significativas en los montos de las pensiones.
Las correcciones se realizan en un contexto donde existen argumentos que señalan riesgos a la propiedad privada y la seguridad jurídica si se aplican cambios retroactivos en materia de pensiones públicas, aunque la conexión entre las correcciones reportadas y el debate legislativo es contextual y no fue declarada explícitamente en las fuentes primarias consultadas.
