Ciudad De México, 01 de abril de 2026.- El Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California (TJEBC) emitió una resolución que confirma la existencia de infracciones constitutivas de violencia política contra las mujeres en razón de género (VPMG) cometidas por el exgobernador Jaime Bonilla Valdez contra la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda. La sanción del órgano judicial también se aplica al dirigente Alejandro Moreno Berry y al Partido del Trabajo (PT).
El Tribunal determinó que los señalamientos realizados durante las denominadas Jornadas por la Paz vulneran la investidura de la gobernadora, al reproducir estereotipos de género y generar confusión deliberada sobre la titularidad y legitimidad del Poder Ejecutivo del Estado. Las medidas dictadas incluyen una amonestación pública, el registro de las personas sancionadas en el Registro Nacional y Estatal correspondiente, y la obligación de acreditar la toma de cursos de capacitación en perspectiva de género y derechos humanos.
Por otro lado, Jaime Bonilla Valdez está acusado formalmente de peculado, abuso de autoridad y uso ilícito de atribuciones y facultades por el contrato de construcción de una planta de energía solar en el Valle de Mexicali. El contrato obligaba al Gobierno de Baja California a pagar 123 millones de pesos mensuales durante 30 años, con garantía de pago de las participaciones que entrega la Federación al estado. Pese a que la empresa no construyó la planta, el Gobierno estatal realizó transferencias con recursos públicos; en 2022, banca Afirme cobró la primera mensualidad aunque sólo había como evidencia una piedra que indicaba el inicio de la obra.
Sobre este proceso judicial, la presidenta Claudia Sheinbaum evitó pronunciarse y se lo dejó a las autoridades de justicia. “Yo se lo dejo a las instituciones de justicia, que ellos determinen si hubo una falta si no hubo una falta”, declaró la mandataria.
En un incidente distinto, la alcaldesa interina de Uruapan, Grecia Itzel Quiroz García, fue víctima de consignas a favor de su adversario político, Raúl Morón Orozco, durante una visita al Senado de la República. Sheinbaum aseguró que las autoridades deberán determinar si los gritos fueron violencia política de género. “Si esto es violencia política de género o no, pues ya tendrán que revisarlo las autoridades competentes. Pero son dos temas distintos, nuestra solidaridad y apoyo con Grecia siempre”, señaló. Además, comentó que “son temas políticos que tienen que ver con las disputas y más ahora que se viene el periodo electoral” y confirmó: “estamos atendiendo a Uruapan, a ella y a Michoacán”.
Simultáneamente, la diputada Ivonne Ortega denunció la falta de apoyo en la Cámara de Diputados para continuar la investigación por violencia de género contra el diputado Cuauhtémoc Blanco. Ortega fijó como plazo máximo para la firma de un exhorto el 27 de marzo de 2026, fecha ya pasada, y señaló que el documento solo ha sido firmado por legisladoras de Movimiento Ciudadano. “De las 253 que somos en la Cámara (…) He convocado a mis compañeras en diferentes días, en lo personal, lo subí a la tribuna, a través de redes sociales, pero parece que ninguna vía es pertinente. A este momento solo hemos firmado diputadas del Movimiento Ciudadano”, expresó Ortega. El exhorto solicita a la Fiscalía de Morelos entregar el expediente penal, garantizar el acceso a la justicia de la víctima y retomar el tema de desafuero.
