Por Redacción
Ciudad de Mexico, 18 de marzo de 2026.- El Tribunal de Enjuiciamiento del Estado de Oaxaca dictó una sentencia condenatoria de 65 años de prisión contra Wilber A.C., padre de tres menores, por el delito de abandono que derivó en la muerte de dos de sus hijos, de 9 y 8 años, en la región del Istmo de Tehuantepec. Los cuerpos de los niños, identificados como Perla y Daniel, fueron hallados sin vida en febrero de 2023 en las inmediaciones de la carretera Juchitán-Ixtaltepec, en el municipio de El Espinal.
La Fiscalía General del Estado de Oaxaca acreditó que el sentenciado incurrió en una grave omisión de cuidados, obligando a sus hijos a vender frituras y botanas en vías públicas y establecimientos nocturnos para subsistir, sin supervisión adulta y careciendo de condiciones básicas de bienestar y seguridad. Un tercer hijo del sentenciado, de 6 años, sobrevivió a esta situación de abandono.
Según reportes policiales, los cuerpos de los menores no presentaban heridas por proyectil de arma de fuego ni lesiones por arma blanca al momento de su hallazgo. Las autoridades han señalado que se presume que los niños fallecieron por asfixia, aunque la causa específica de muerte no ha sido detallada oficialmente en los informes judiciales disponibles.
El caso, ocurrido en Juchitán de Zaragoza, expuso una situación extrema de desamparo infantil y explotación económica dentro del núcleo familiar. La sentencia de 65 años, una de las más elevadas por este tipo de delitos en la entidad, refleja la gravedad que el sistema judicial otorga a la omisión de los deberes de cuidado parental con consecuencias fatales.
La identidad y situación legal de la madre de los niños, así como el estado actual y la custodia del hijo sobreviviente, no han sido divulgados por las autoridades. El tiempo transcurrido entre el abandono sistemático y los fallecimientos tampoco ha sido precisado en la información judicial pública.
Este fallo sienta un precedente en Oaxaca en la judicialización de casos de abandono infantil con resultado de muerte, y ocurre en un contexto nacional donde organismos de derechos humanos han alertado recurrentemente sobre la necesidad de fortalecer los sistemas de protección a la niñez en situación de vulnerabilidad.
