Topolobampo, 16 de junio de 2026.- Comunidades indígenas mayo-yoreme y colectivos ambientales clausuraron simbólicamente los accesos a la planta de amoniaco en Topolobampo, Sinaloa, exigiendo la suspensión definitiva del proyecto financiado por capital suizo-alemán. La toma de la instalación, propiedad de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), filial del grupo Proman, se llevó a cabo cerca de las 4:30 horas del lunes 15 de junio.
Felipe Montaño Valenzuela, gobernador indígena de Ohuira y vocero del movimiento, anunció que los manifestantes mantenerdrían la ocupación “hasta tener resultados”. En declaraciones a la prensa, Montaño Valenzuela advirtió: “Estamos hablando de la muerte de la bahía y el desplazamiento de los pueblos originarios, porque esto va a generar un etnocidio y un ecocidio”, añadiendo la sentencia: “Clausuran ustedes, o clausuramos nosotros”. Los participantes detuvieron los trabajos de construcción del complejo petroquímico y advirtieron que mantendrán el cerco permanente hasta conseguir la cancelación definitiva de los permisos federales.
El proyecto, cuyo conflicto inició en 2014, registra un avance del 88% y pretende producir 2,200 toneladas métricas diarias de amoniaco con una inversión de 860 millones de dólares del banco público alemán KfW IPEX-Bank. Según informes, la obra ha implicado el relleno de 28 hectáreas de humedales, la tala de manglares y la migración de parte de la fauna en la bahía de Ohuira, zona que incluye el humedal Santa María-Topolobampo-Ohuira, declarado sitio RAMSAR.
Entre los riesgos señalados por los opositores destaca que la planta succionará 2,000 metros cúbicos de agua salada por hora para enfriar el amoniaco, descargando luego el líquido a la bahía con una temperatura hasta tres grados superior a la original. Asimismo, un informe de la empresa alertó sobre posibles fugas de gas capaces de generar nubes tóxicas en un radio de 45 kilómetros, lo que impactaría a más de 40,000 personas. El colectivo ¡Aquí! sostiene que la fábrica destruirá la pesca ribereña y pondrá en riesgo de intoxicación masiva a habitantes de Ahome y Mazatlán, afectando directamente a más de 6,600 indígenas de Ohuira, Lázaro Cárdenas, Paredones y Juan José Río.
Ante el conflicto, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, se reunió en privado con representantes ejidales. Durante el encuentro, la funcionaria afirmó que “ninguna autorización ambiental previa constituye un cheque en blanco para las empresas transnacionales”. La Semarnat informó que ha iniciado una revisión técnica y científica exhaustiva del caso. Paralelamente, ambientalistas mexicanos en Alemania realizaron marchas y bloqueos de vialidades para exigir al gobierno de ese país el retiro inmediato de los fondos públicos destinados al proyecto.
