Por Redacción
Ciudad De México, 19 de marzo de 2026.- La reforma electoral conocida como Plan B avanza en el Congreso de la Unión con el respaldo decisivo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), cuyos 13 de 14 senadores se sumarán a la iniciativa impulsada por Morena. El paquete legislativo contempla la reducción del gasto electoral, límites al presupuesto de los congresos locales y modificaciones a la figura de revocación de mandato, con el objetivo político de facilitar una consulta de ratificación para la presidenta Claudia Sheinbaum en 2027.
Alfonso Ramírez Cuéllar, dirigente de Morena, ha destacado la importancia de esta alianza legislativa para consolidar los cambios institucionales que, según el oficialismo, optimizarán los recursos públicos. La propuesta incluye reducir el gasto de los organismos electorales y establecer un techo de 0.7% del presupuesto estatal para las legislaturas locales, además de disminuir el número de regidores en los ayuntamientos para eliminar cargos superfluos.
Manuel Velasco Coello, líder del PVEM, confirmó que su bancada senatorial apoyará mayoritariamente la iniciativa, consolidando una fuerza crítica para su aprobación. Aunque no se ha especificado el nombre del único senador verde que podría votar en contra, la coordinación entre ambos partidos asegura la viabilidad política de la reforma en la Cámara Alta, donde Laura Itzel Castillo preside los trabajos legislativos.
Uno de los puntos más relevantes del Plan B es la modificación a la revocación de mandato, la cual permitirá que el proceso se realice durante el año 2027 o 2028 y faculta al titular del Ejecutivo Federal para pronunciarse sobre su continuidad. Esta herramienta es vista por los analistas como el mecanismo central para buscar la ratificación popular del mandato de Sheinbaum a mitad de su sexenio, consolidando su proyecto político.
En paralelo a la discusión del Plan B, la Cámara de Diputados prepara la convocatoria para designar a tres nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), en un contexto de tensión con el organismo autónomo. El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, anunció que presentará una iniciativa local para armonizar la legislación de su estado con los nuevos preceptos federales, marcando la tendencia de adaptación en las entidades federativas.
La oposición, representada por figuras como Elías Lixa del PAN, ha criticado la velocidad y el alcance de estas reformas, argumentando que buscan debilitar la democracia electoral. Sin embargo, con la suma de votos del PVEM y la disciplina de la bancada oficialista, el Plan B se encamina a ser ley en los próximos meses, reconfigurando el panorama político para el resto de la administración federal.
