Ciudad De México, 27 de marzo de 2026.- La Cámara de Diputados aprobó una reforma constitucional para establecer un límite máximo a las pensiones de los exfuncionarios públicos, fijando el tope en el 50 por ciento de la remuneración mensual que percibe la presidenta de la República. La decisión, tomada durante la sesión del 25 de marzo en el Palacio Legislativo de San Lázaro, modifica el marco legal para jubiliaciones de altos cargos, aunque mantiene excepciones para ciertos sectores y tipos de aportaciones.
De acuerdo con los datos reportados por el medio Quadratín México, la votación en el pleno registró 363 votos a favor, 64 en contra y 20 abstenciones. Sin embargo, existe una discrepancia en las cifras oficiales, pues el Semanario ZETA informó que la aprobación contó con 458 votos a favor, sin detallar el desglose de los votos negativos o abstenciones. Esta contradicción surge en un contexto donde otros reportes iniciales habían mencionado una supuesta unanimidad que los números de la votación desmienten.
El texto aprobado exenta explícitamente del nuevo techo salarial a los miembros de las Fuerzas Armadas. Asimismo, se respetarán los haberes de retiro que ya se encuentran vigentes, así como aquellas pensiones constituidas a partir de aportaciones voluntarias a sistemas de ahorro para el retiro, incluyendo las derivadas de cuotas sindicales y las pensiones no contributivas. La reforma también incorpora cambios en el lenguaje legislativo para adoptar un enfoque inclusivo.
Durante el desarrollo de la discusión legislativa, grupos de jubilados de empresas estatales como PEMEX, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Banobras y la extinta Luz y Fuerza del Centro se manifestaron en el exterior del recinto parlamentario para protestar contra la medida. En el interior del pleno, la diputada Margarita Zavala, del Partido Acción Nacional (PAN), presentó reservas sobre el contenido de la minuta, aunque el detalle específico de dichas reservas no fue divulgado completamente en los reportes inmediatos.
Con la aprobación en la cámara baja, la minuta será turnada ahora a las legislaturas de los estados y a la Ciudad de México para su discusión y ratificación, requisito indispensable para que la reforma constitucional entre en vigor. El impacto exacto de la aplicación retroactiva de la norma y el número total de personas afectadas por el nuevo esquema de topes aún no ha sido cuantificado oficialmente por las autoridades legislativas.
